Málaga necesita que se construyan medio millar de pisos de alquiler asequible cada año

Según este estudio, Málaga es, tras Sevilla, la segunda capital andaluza que requiere de un mayor número de viviendas en alquiler a precio asequible para satisfacer las necesidades actuales, calculadas en función de datos sobre el esfuerzo de los hogares para pagar la hipoteca o el alquiler, entre otros. En concreto, en la ciudad tendrían que construirse unos 484 pisos de este tipo cada año, durante las próximas dos décadas, para equilibrar oferta y demanda, lo que requeriría una inversión anual de unos diez millones de euros. El objetivo es llegar a un total de 9.677 viviendas asequibles en los próximos veinte años, que implicarían movilizar una inversión de 202 millones de euros dentro de un modelo de colaboración entre las administraciones públicas y los promotores privados.

Ese modelo es por el que están apostando en los últimos años las administraciones más directamente implicadas con la promoción de VPO, como son la Junta y los ayuntamientos, ya que en vez de asumir directamente su construcción, convocan concursos para ceder suelos públicos a empresas privadas que quieran emprender la ejecución y gestión de las viviendas protegidas, una tarea que despierta escaso interés entre los promotores y constructores por los condicionantes que lleva asociados.

A nivel provincial, el documento señala que la provincia de Málaga requiere la construcción de al menos 3.425 viviendas anuales durante los próximos veinte años, incluidas las ayudas que puedan habilitarse para la compra de las de renta libre, las de precio asequible de promoción privada, y las desarrolladas directamente por la administración pública, lo que implicaría una inversión anual de 124 millones de euros, una inyección económica de la que el 54% debería corresponder a las instituciones para resucitar las VPO públicas.

En ese sentido, el estudio de Culmia considera que la Junta de Andalucía debería incrementar el presupuesto que dedica a impulsar la construcción de viviendas protegidas. Actualmente, Andalucía destina a este fin el 0,18% de su Producto Interior Bruto (PIB), y este documento señala que debería subirse al 0,21% del PIB regional, para alcanzar una inversión anual de 386,5 millones de euros.

En la práctica, esto supondría que el presupuesto anual del Gobierno andaluz en materia de vivienda suba en torno a un 30% o un 40%, según ha explicado Celso Gómez, director de análisis y estrategia de Culmia, quien ha calificado de «ridículo y poco eficiente» el esfuerzo inversor que realiza la administración regional en materia de VPO. «Algunas cosas se están haciendo bien, pero en general es necesario usar mejor el dinero», ha insistido este experto, quien ha admitido que «Málaga tiene un problema muy gordo en materia de vivienda, por encima de otras grandes ciudades de su nivel».

A juicio de Celso Gómez, «no es suficiente» lo que se está haciendo en los últimos años y es necesario un mayor esfuerzo de las administraciones para relanzar la vivienda a precios a asequibles. En ese sentido, ha recordado que, de media, los malagueños destinan al pago de una vivienda en alquiler el 66,8% de sus ingresos, un porcentaje que supera ampliamente la media andaluza (49,3%) y que está muy por encima de la nacional (34,5%).

Asimismo, ante la escasez de suelo finalista para construir VPO y la demora en los trámites para desarrollarlo, este responsable de Culmia ha apostado por implementar fórmulas alternativas e inmediatas como la anunciada por la Comunidad de Madrid para que edificios de oficinas puedan albergar viviendas protegidas durante 15 años, cuando pasarán a ser de renta libre. «Es cuestión de moverse», ha concluido el responsable de estrategia de Culmia.