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El colegio es un reflejo de la sociedad, y lo que se vive en casa se traslada al aula, donde los estudiantes pasan cinco o seis horas diarias. Pero las situaciones de acoso e incluso violencia física que sufren muchos docentes no se circunscriben al ... ámbito escolar, sino que tienen su origen fuera del aula: son los padres los que en mayor medida protagonizan estas situaciones de violencia psicológica e incluso física. Es uno de los datos más llamativos del informe anual que realiza el Defensor del Profesor, un servicio que el sindicato ANPE puso en macha en 2005 para recabar las quejas de los docentes y tratar de asesorarles para tomar las medidas oportunas.
Este curso pasado se ha roto la tendencia descendente de los últimos años, de manera que este servicio ha atendido 31 casos. El curso 2015/16 fueron 19; 25 en el 2014/15 y en el 2013/14; y 29 en el 2012/13. Son los casos que, tras un primer contacto entre el servicio y el docente, pasan a ser tratados de una manera más pormenorizada, de forma que las quejas que llegan al servicio son muchas más, pero tienen una solución más ágil.
Según expuso ayer la secretaria provincial de ANPE, los problemas con los padres suponen el 41 por ciento de los casos tratados por el defensor del profesor. Se trata, fundamentalmente, de acoso, insultos y falsas acusaciones por parte de las familias. Otro porcentaje, ya mejor, se refiere a las denuncias y juicios por parte de las familias (11% de los casos), y en un 3% se trata de presiones para modificar las notas. Por esto, María del Amo considera fundamental el «apoyo y la colaboración entre familia y profesorado, como herramienta fundamental para mejorar el clima de convivencia en las aulas».
Estos comportamientos tienen consecuencias, tanto para el profesor como para los agresores. En el caso de los primeros, son frecuentes los episodios de ansiedad que sufren los afectados. En algunos casos llegan a reconocer estados de depresión y son frecuentes las bajas médicas. En cuanto a los agresores, se enfrentan a las denuncias judiciales. El servicio jurídico de ANPE ha tenido este pasado año un gran éxito con la condena a seis meses de prisión y una indemnización de 120 euros a una madre que agredió a la profesora de su hija. Fue una sentencia en la que la juez consideró que había atentado a la autoridad pública. También hay pendiente de señalamiento un juicio contra una madre que irrumpió en el centro y abofeteó a la profesora, porque había impuesto medidas disciplinarias a la hija. Del Amo avanzó que en este caso también han solicitado que se considere a la profesora autoridad pública. Finalmente, hay pendiente una denuncia por denuncia falsa que ha investigado la Guardia Civil. No obstante, María del Amo afirmó que su intención no es llegar a la vía judicial, se intenta solucionar por medios extrajudiciales y el juez «es la última solución».
Sin llegar a la vía judicial se han abordado este curso pasado casos de insultos en la calle, amenazas de muerte, agresiones en el centro educativo y tres casos en los que los docentes han sido ridiculizados e injuriados a través de las redes sociales.
Primaria es el nivel educativo que acumula más quejas de los docentes, con 14 casos. En Secundaria han sido 9, dos en Infantil y el resto en las demás enseñanzas. Los problemas con los alumnos son fundamentalmente por las dificultades para desarrollar las clases con normalidad y las faltas de respeto. La actitud de los alumnos ha representado el 36 por ciento de los casos atendidos por el defensor del profesor, que incluye agresiones y daños a la propiedad. La administración educativa tampoco escapa a las quejas de los profesores, con un 28% de los casos. En muchas ocasiones son expedientes disciplinarios que consideran injustificados. El 67% de las llamadas muestran que no se sienten apoyados por los equipos directivos y la inspección educativa.
Según María Gracia del Amo, las nuevas tecnologías se han convertido en un problema en las aulas, y son responsables de un 14% de los casos. «Comienza a ser preocupante», afirmó. Y demanda, entre otras cuestiones, que se desarrolle la ley de autoridad del profesorado y el plan de mejora de la convivencia escolar. También que se bajen las ratios y planes que garanticen la seguridad en los centros.
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