Nada más conocerse las fechas señaladas para el juicio del caso Julen, el niño de dos años que falleció tras caer al interior de un pozo el pasado 13 de enero en Totalán, trascendió que el dueño de la finca donde ocurrieron los hechos y ... único acusado en esta causa por un delito de homicidio por imprudencia, David Serrano, negociaba un pacto con la Fiscalía. Ahora, quien ha mostrado su postura, ha sido la representante de los padres del menor, quien ha supeditado el hecho de que se alcance un pacto a que Serrano pida perdón.
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Así lo ha anunciado la abogada de los padres de Julen, Antonia Barba, quien ha indicado que, por el momento, no se le ha dado traslado del citado pacto. De esta forma, el acuerdo que negocian la Fiscalía y la defensa de Serrano solo se estaría gestando entre estas dos partes.
Si no lo evita el pacto, el dueño de la finca se sentará en el banquillo el 21 de enero de 2020 para comenzar con las sesiones del juicio. Sin embargo, la vista oral no llegaría a desarrollarse si se consuma el acuerdo que negocia ahora mismo la defensa del dueño de la finca con la Fiscalía de Málaga, que inicialmente pide para él una condena a tres años de cárcel por homicidio imprudente. Los padres, que ejercen la acusación particular, elevan la solicitud de pena a tres años y medio al considerar la negligencia «extremadamente grave».
Un año de cárcel y suspensión de la pena condicionada a que no vuelva a delinquir. Ese es el acuerdo que negocia la defensa del dueño de la finca donde murió el pequeño Julen y el Ministerio Público, tal y como adelantó SUR.
El propio Antonio Flores, director de Lawbird Abogados, bufete que representa al único acusado confirmó en el programa 'Hoy en día' de Canal Sur que están teniendo «conversaciones» con la Fiscalía y que «se está hablando» de una condena de conformidad con el investigado a un año de cárcel, pero sin llegar a pisar la prisión.
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Para ello, Serrano debe conseguir la suspensión de la pena, que requiere, por resumir, tres requisitos: que la condena sea inferior a dos años (con el pacto, se aseguraría de ello), carecer de antecedentes penales (no tiene) y satisfacer las responsabilidades civiles que hubiera originado.
En este último punto, el del pago de la indemnización, es donde está uno de los principales escollos de la negociación, ya que David Serrano presentó concurso de acreedores y declaración de insolvencia en el juzgado, que le reclamaba 885.310 euros de fianza y que, ante su respuesta, ordenó el embargo de la finca donde ocurrieron los hechos.
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El director de la defensa de Serrano dijo que la indemnización de la que se está hablando en esas conversaciones con la Fiscalía asciende a 90.000 euros, aunque matizó que su cliente no tiene capacidad para acceder a esa suma, puesto que carece de empleo y no tiene propiedades, salvo la finca en cuestión, que ya ha sido embargada.
El otro escollo es que, para evitar el juicio, el acuerdo para una sentencia de conformidad tiene que cerrarse también con el tercer vértice, la acusación particular, que ejercen los padres de Julen. Para ello, tendrá que pedirles perdón.
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