La defensa del dueño de la finca donde murió Julen negocia un año de cárcel y suspensión de la pena

El propio Antonio Flores, director de Lawbird Abogados, bufete que representa al único acusado, David Serrano, confirmó ayer en el programa 'Hoy en día' de Canal Sur que están teniendo «conversaciones» con la Fiscalía y que «se está hablando» de una condena de conformidad con el investigado a un año de cárcel, pero sin llegar a pisar la prisión.

Para ello, Serrano debe conseguir la suspensión de la pena, que requiere, por resumir, tres requisitos: que la condena sea inferior a dos años (con el pacto, se aseguraría de ello), carecer de antecedentes penales (no tiene) y satisfacer las responsabilidades civiles que hubiera originado.

En este último punto, el del pago de la indemnización, es donde está uno de los principales escollos de la negociación, ya que David Serrano presentó concurso de acreedores y declaración de insolvencia en el juzgado, que le reclamaba 885.310 euros de fianza y que, ante su respuesta, ordenó el embargo de la finca donde ocurrieron los hechos.

El artículo 80 del Código Penal contempla que ese tercer requisito se entenderá cumplido si el penado asume el compromiso de satisfacer las indemnizaciones de acuerdo a su capacidad económica. Es decir, si no tiene todo el dinero, pero se compromete a pagarlo poco a poco, según los plazos establecidos por el juez.

El director de la defensa de Serrano dijo que la indemnización de la que se está hablando en esas conversaciones con la Fiscalía asciende a 90.000 euros, aunque matizó que su cliente no tiene capacidad para acceder a esa suma, puesto que carece de empleo y no tiene propiedades, salvo la finca en cuestión, que ya ha sido embargada.

El otro escollo es que, para evitar el juicio, el acuerdo para una sentencia de conformidad tiene que cerrarse también con el tercer vértice, la acusación particular, que ejercen los padres de Julen. Consultada por este periódico, la abogada que representa a los progenitores, Antonia Barba, se limito a señalar que, por ahora, la defensa no se ha puesto en contacto con ella para plantearle un pacto.

Al parecer, ni la Fiscalía ni Serrano ven con malos ojos este acuerdo, pero las posibilidades de que se cierre pasan necesariamente por evitar que la acusación particular siga adelante con el procedimiento y siente en el banquillo al dueño de la finca. Es decir, que acepte el pacto.