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La acción del Ayuntamiento de Málaga para prohibir la apertura de nuevos pisos turísticos en 43 zonas de la ciudad en las que este tipo de alojamientos supera el 8% del parque de viviendas toma velocidad. Un día después de que la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, anunciara esta medida, la Junta de Gobierno Local ha celebrado este jueves una sesión urgente y extraordinaria para aprobar de forma inicial la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística que servirá para poner en marcha esta iniciativa.
Según han informado desde el Consistorio, tras este visto bueno inicial, se abrirá un plazo de enmiendas de cinco días hábiles para que los grupos políticos municipales puedan realizar sus aportaciones al expediente, que podría ser validado en el pleno ordinario de este mes, previsto para el próximo día 31. En cualquier caso, la intención del equipo de gobierno es que la prohibición cautelar de registrar nuevas viviendas de uso turístico en las 43 zonas calificadas como saturadas por un estudio realizado por Urbanismo pueda pueda empezar a aplicarse desde los primeros días del mes de noviembre, mediante la publicación del acuerdo de aprobación inicial de este cambio del PGOU en el Boletín Oficial de la Provincia.
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El cambio consiste en la aprobación de una disposición adicional en la que «se propone el establecimiento de una serie de limitaciones viviendas de uso turístico, de manera que éstas puedan implantarse en los barrios con menos presión turística y se impidan en los que existe mayor número de alojamientos turísticos», según han apuntado desde el Ayuntamiento.
«De acuerdo con esto, a partir de la publicación en el BOP de la aprobación inicial de esta modificación del PGOU, solo podrán otorgarse nuevas autorizaciones hasta alcanzar el límite máximo previsto en aquellos barrios donde no se haya agotado el número máximo de viviendas de uso turístico establecidas. Por el contrario, en aquellos barrios donde se haya llegado al límite o éste haya sido sobrepasado, no podrá otorgarse ninguna autorización nueva para esta modalidad de alojamiento turístico», han añadido.
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Como explicó este miércoles la concejala de Urbanismo, lo que el Ayuntamiento pone en marcha es una aplicación provisional pero completa de los efectos de esta modificación del PGOU para poder impedir nuevos pisos turísticos en las zonas saturadas, sin tener que esperar a que se complete el trámite de aprobación de este expediente urbanístico, que podría demorarse un año o más. Según el Consistorio, la ley permite esta aplicación provisional durante un periodo de un año que puede prorrogarse.
No obstante, Casero ha admitido que será la Junta la que tendrá que poner en marcha los mecanismos necesarios para que no puedan inscribirse por declaración responsable nuevos alquileres vacacionales en el registro oficial de Turismo en las 43 zonas saturadas que arroja el estudio realizado por la cooperativa Espacio Común, por encargo de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Esas zonas son el Centro Histórico, El Ejido, La Merced, Lagunillas, Capuchinos, El Molinillo, el ensanche del Centro, La Goleta, San Felipe Neri, la Trinidad, Conde Ureña, Cristo de la Epidemia, la Victoria, Ventaja Alta, Campos Elíseos, Cañada de los Ingleses, La Malagueta, Perchel norte, plaza de Toros Vieja, El Candado, El Chanquete, playas de El Palo, camino del Colmenar, Peinado Grande, Santa Paula-Miramar, Baños del Carmen, La Viña, Las Acacias, la playa de Pedregalejo, Torre de San Telmo, Pinares de San Antón, Martiricos, Málaga 2000, Torre del Río, Torres de la Serna, Pacífico, Santa Isabel, Tabacalera, Guadalmar, La Cizaña y los diseminados de Puerto de la Torre.
En el resto de barrios de la ciudad seguirá vigente la limitación que aprobó el Ayuntamiento el pasado mes de junio, con efecto retroactivo desde el 22 de febrero, para que se anulen los pisos turísticos registrados desde entonces que no dispongan de un acceso y suministros independientes del edificio residencial en el que se ubiquen.
Urbanismo ya ha remitido a la delegación de la Consejería de Turismo más de 1.500 casos de alquileres vacacionales registrados desde febrero que incumplen este precepto y la Junta ha empezado a notificar a sus propietarios los expedientes de cancelación. No obstante, estos tienen la posibilidad de presentar alegaciones y acudir a la vía judicial para zafarse de esta iniciativa municipal para frenar la implantación de nuevas viviendas turísticas en la capital, donde ya están registradas casi 13.000.
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