Málaga exige a la Junta que las restricciones para los pisos turísticos tengan un efecto retroactivo

Entre esas enmiendas, Málaga reclama a la Junta que los propietarios que registren una vivienda turística no solo tengan que presentar la licencia de primera ocupación o una declaración responsable de ocupación «con informe de conformidad a la normativa territorial urbanística», sino que específicamente estén obligados a aportar un informe o resolución del ayuntamiento que corresponda en el que la autoridad municipal muestre su conformidad o no con la ubicación de esa vivienda turística y las condiciones que ofrece.

El objetivo es que los municipios que establezcan una regulación para limitar la presencia de estas viviendas puedan controlar con detalle dónde se ubican y cuáles son sus accesos. Como ha informado SUR, la intención del Ayuntamiento de Málaga es establecer tres tipos de zonas para limitar estos pisos, en función de su concentración y la necesidad de buscar un equilibrio con las viviendas de uso residencial permanente o de largas temporadas. Así, habría un tipo de zona sin limitación alguna, otra en la que estos alojamientos no puedan superar el 50% de la superficie del edificio en el que se encuentren ni establecerse por encima de la planta segunda, y una tercera en la que, debido a la excesiva proliferación de estas viviendas, únicamente se podrán abrir en las plantas baja y primera de los edificios, y deberán contar con un acceso directo desde la calle, de forma independiente respecto al resto de la construcción.

No obstante, Málaga también reclama a la Junta algo que considera decisivo para lograr una limitación real de estas viviendas y alcanzar un cierto equilibrio respecto a las de uso residencial habitual, y es que la regulación que se apruebe por parte del Ayuntamiento tenga un efecto retroactivo. Para ello pide a Turismo que una de las disposiciones transitorias del decreto contemple que las viviendas turísticas inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía no solo tengan la obligación de cumplir con unas determinadas condiciones respecto a la cocina, las camas y la refrigeración en el plazo de un año desde la entrada en vigor del decreto, sino que también en ese plazo tengan que cumplir con el requisito de contar con un informe municipal de conformidad respecto a su ubicación.

Así, lo que se plantea desde el Ayuntamiento de la capital es que las viviendas turísticas registradas (actualmente son 9.920 en la capital) se reduzcan en determinadas zonas o dejen de funcionar como tales si no cumplen con las limitaciones que se establezcan por edificio y sectores en función de la concentración que se considere en su momento como excesiva, cuestión que todavía no ha sido concretada oficialmente.

Está por ver si la Consejería de Turismo va a aceptar o no esta petición del Consistorio malagueño, que supondría que las limitaciones de viviendas turísticas por zonas de una determinada localidad se apliquen a las que ya estén registradas y funcionando cuando el decreto entre en vigor. En el caso de Málaga, en las zonas que se califiquen como más saturadas solo podrían permanecer en las plantas baja y primera de los edificios, y tendrían que contar con una acceso independiente y directo a la calle, según se baraja desde el Ayuntamiento.

No obstante, aún pueden quedar años por delante para que sea efectiva la regulación de los pisos turísticos en Málaga. En primer lugar tiene que aprobarse y entrar en vigor el decreto de la Junta, algo que podría suceder a lo largo de este año. Y, en segundo lugar, tiene que tramitarse y aprobarse la modificación del PGOU, un tipo de expediente que puede tardar uno o dos años.

La alegación para que las restricciones de ubicación de las viviendas turísticas tengan un efecto retroactivo es una de las enmiendas que se han presentado desde el equipo de gobierno municipal al decreto de la Junta, del que el Consistorio tampoco comparte que permita a un mismo propietario poner en el mercado más de dos viviendas turísticas si se constituye como empresa gestora.

A juicio del Ayuntamiento, ese cambio, que no está contemplado actualmente ni en el primer borrador del decreto que se dio a conocer el año pasado, implicará un incremento aún más acentuado de las viviendas turísticas, ya que, si bien puede implicar un mayor control a efectos fiscales, facilita que un mismo propietario pueda tener más de dos pisos con ese uso. Además, según se expresa en la documentación remitida por la Gerencia Municipal de Urbanismo a Turismo, este nuevo enfoque puede generar «un agravio comparativo» con los apartamentos turísticos, negocios a los que se exigen mayores condicionantes y exigencias.

El Consistorio aboga por recuperar el sentido original de los pisos turísticos como una residencia que, de forma puntual y compartida, se pone a disposición de los turistas «con una intención de generar un mayor intercambio cultural y una mayor inmersión en la sociedad que se visitaba». Así, considera que permitir que un mismo propietario pueda dar uso turístico a más de dos viviendas refuerza el sentido mercantilista de esa actividad, y no consigue minimizar los «conflictos» que este tipo de pisos pueden generar con la ciudadanía, ni promueve «un turismo más respetuoso».