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Los planes del Ayuntamiento de Málaga para destinar suelos calificados como equipamiento en distintas partes de la ciudad a la construcción de viviendas públicas para jóvenes y mayores con dificultades para acceder a un piso se han topado con un freno importante. Tras más de ... un año de estudios y trámites por parte del equipo de gobierno municipal para elegir más de una decena de parcelas con el objetivo de cederlas a empresas promotoras para alojamientos transitorios en alquiler, el Consistorio ha reparado en que la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, en vigor desde 2010, obliga a que los beneficiarios de esos pisos sean familias en riesgo de exclusión social, es decir, personas con un nivel de recursos económicos muy bajo.
Esta condición ha llevado al Ayuntamiento a descartar la fórmula de ceder estos suelos a empresas privadas para la ejecución y explotación de los diferentes proyectos de pisos en alquiler, que iban a sumar unas cuatrocientas viviendas. Y es que la obligación de destinarlas a personas en riesgo de exclusión hace que este plan deje de tener interés para las promotoras. «Esto tendría que hacerlo un organismo público, y así se lo hemos dejado preparado desde la Gerencia Municipal de Urbanismo al área de Vivienda por si lo quiere desarrollar. Los suelos ya están seleccionados», ha explicado el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López.
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Por su parte, el edil de Vivienda, Francisco Pomares, ha admitido la imposibilidad de llevar a cabo este plan inicial de alojamientos públicos en alquiler para jóvenes y mayores mediante gestión público-privada por el límite que supone la citada ley regional de Derecho a la Vivienda. No obstante, ha apuntado que el Gobierno andaluz ya ha iniciado los trámites para modificarla, por lo que «cabría que contemplaran la opción de destinar suelos de equipamiento a alojamientos de familias y personas que no tengan que ser forzosamente en riesgo de exclusión». No obstante, ese cambio legislativo podría durar todavía varios años en completarse, según han apuntado fuentes de la administración regional.
Con todo, el concejal de Urbanismo, Raúl López, ha anunciado este viernes, en el marco de un foro celebrado en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, que el Ayuntamiento está trabajando en una fórmula alternativa que pasaría por ceder a promotores privados, en régimen de concesión o venta, suelos patrimoniales del municipio, ya no de equipamiento, sino destinados a VPO, para que lleven a cabo proyectos de alojamientos para jóvenes, mayores y profesionales en régimen de alquiler.
«Nuestra intención es tener los pliegos de aquí a final de año y que este modelo alternativo pueda generar del orden de medio millar de viviendas. Esperamos que concite el interés de las empresas promotoras», ha explicado López en el foro del SIMED.
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