La Junta declara extinguida la concesión del restaurante Antonio Martín en Málaga

Certificada judicialmente su extinción, la Junta ha comunicado a la Demarcación de Costas en Málaga el acta por la que el edificio del restaurante revierte al Estado una vez que la concesión se extingue por sentencia firme, según explicaron desde la Subdelegación del Gobierno central.

Asimismo, esta situación administrativa ha sido trasladada ya oficialmente a la empresa Exceho, que en 1996 suscribió un contrato de arrendamiento con la concesionaria del restaurante para su explotación hasta julio de 2018, cuando expiraba la concesión. No obstante, según se recoge en el fallo del TSJA, «el contrato de arrendamiento se suscribió el 20 de marzo de 1996, y fue aprobado judicialmente con tan solo dos días de antelación la fecha en que se disolvió la entidad concesionaria y arrendadora, el 1 de abril de 1996». De ahí que el alto tribunal andaluz apunte que los actuales gestores del restaurante debían conocer el riesgo que asumían al suscribir el citado contrato de alquiler.

No fue hasta 2007 cuando la disolución de la sociedad Restaurante Antonio Martín quedó inscrita en el Registro Mercantil, hito que llevó a la Administración –primero Costas y después la Junta– a iniciar hasta tres expedientes de rescate de la concesión en los años 2010, 2012 y 2015. La sentencia del TSJA rechaza el recurso que presentó Exceho contra el tercero de esos procedimientos, lo que ha venido a confirmar la extinción.

El administrador de Exceho, el empresario hotelero José Carlos Escribano, mostró a este periódico su preocupación por la complicada situación jurídica de alegalidad en la que se encuentra actualmente el restaurante, y admitió que ya han recibido un escrito en el que se comunica la extinción de la concesión de este espacio. No obstante, remarcó que se están haciendo gestiones para intentar buscar «una solución lógica, sensata y legal» que permita mantener la actividad del local y los puestos de trabajo que genera. En ese sentido, aseguró que por ahora no ha recibido de las administraciones una orden de cierre o cese de la actividad, aunque reconoció que la situación es delicada. Asimismo, apuntó que la búsqueda de soluciones tiene la complejidad de que son dos las administraciones implicadas en este tipo de cuestiones, por un lado el departamento estatal de Costas, que fiscaliza estos asuntos, y por otro la Consejería de Desarrollo Sostenible, que tiene delegada la gestión de las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre.