Málaga se quedará sin taxis todo el fin de semana

Como servicios mínimos, el sector ha determinado que sólo trabaje un 15% de la flota en la ciudad, lo que se traduce en unos 206 coches al día tanto en la capital como en el aeropuerto. Además, tanto en el aeródromo como en la estación de tren el servicio también dejará de prestarse entre las 11.00 y las 13.00 el sábado y el domingo. En la Costa, sólo parará la mitad de la flota.

La propuesta se empezó a fraguar el jueves en Sevilla, después de que los taxistas de la capital hispalense acordaran esta medida antes del inicio de la manifestación a nivel regional, pero el colectivo malagueño no ha tomado una decisión hasta la tarde de este viernes, apenas una hora antes del inicio de paro. En un principio, surgieron dudas y algunas voces consideraban excesiva esta acción, ya que supone causar más molestias al usuario y, además, perder todo un fin de semana de trabajo cuando la actividad a día de hoy todavía sigue siendo importante.

Pero finalmente ha pesado más lanzar un mensaje contundente al Gobierno regional antes de que, previsiblemente, el próximo martes se apruebe en Consejo de Gobierno el decreto que regulará la actividad de los VTC. En la práctica, esta nueva normativa supone que operadoras como Uber, Cabify o Bolt puedan seguir realizando trayectos urbanos a partir del 1 de octubre, plazo máximo fijado por el decreto del Gobierno central aprobado en 2018 por el que, sin normativa autonómica, las autorizaciones de estos coches pasarán a ser únicamente interurbanas (sólo podrían cubrir carreras entre distintos municipios).

En cualquier caso, este texto en el que lleva años trabajando la Consejería de Fomento y que todavía no está cerrado del todo llegará con una serie de restricciones a estos vehículos en un intento de garantizar la supervivencia del taxi. Una cuadratura del círculo que Fomento no acaba de lograr, porque tanto el taxi como las empresas de VTC chocan en un punto: la precontratación retardada (que tenga que transcurrir un tiempo mínimo desde que se pide hasta que llega). Para el sector tradicional, es una condición esencial fijar al menos un tiempo de antelación de 15 minutos de precontratación, única forma en la que estos vehículos pueden trabajar a diferencia del taxi, que puede captar clientes en la vía pública. Por su parte, los operadores de VTC rechazan cualquier limitación. Y así llevan desde 2019 intentando cerrar un acuerdo que en la propia Junta de Andalucía dan por imposible.

Con los plazos ya prácticamente acabados, la intención en Fomento es que el texto pueda ser aprobado en el Consejo de Gobierno del próximo martes. A partir de ese primer visto bueno, el siguiente paso sería su publicación de urgencia en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y su convalidación por el Parlamento autonómico el jueves para que pueda entrar en vigor el 1 de octubre.

A falta del documento definitivo, la principal medida que a día de hoy contempla el borrador de la Junta de Andalucía es el establecimiento de «zonas de especial protección» en las que los VTC no podrán parar ni estacionar a la espera de clientes, proponiéndose una distancia mínima de estacionamiento de 300 metros en aeropuertos, puertos y estaciones de trenes y autobuses; y de 150 metros para otros espacios como hospitales, hoteles de cuatro estrellas o más, juzgados o instalaciones donde se celebren eventos. Con esta limitación, Fomento pretende satisfacer a los taxistas sin tener que imponer a los VTC que la precontratación (única forma en la que pueden trabajar a diferencia del taxi, que puede captar clientes en la vía pública) se tenga que realizar con un determinado tiempo de antelación, que es lo que exige el gremio tradicional.

En esta misma línea de impedirles la captación de usuarios, la Junta también pretende prohibir la geolocalización de los vehículos previa a la contratación. En paralelo, Fomento también ha puesto sobre la mesa otras medidas como exigir a los conductores de VTC la superación de una prueba de capacitación profesional como la que hay que aprobar para ser taxista; reforzar las inspecciones y el control de su actividad; endurecer las sanciones; o que los automóviles tengan unas medidas mínimas, de manera que siempre se utilicen para este fin berlinas de representación, y no utilitarios convencionales.