Hacienda pone fecha por primera vez a la reapertura del edificio de Málaga

De esta forma, la intención es que todos los departamentos que desde finales de 2019 están repartidos por distintos puntos de la ciudad (centro comercial Málaga Plaza, antiguo Gaybo en Héroe de Sostoa y el edificio Rialto de la calle Hilera por parte de la Agencia Tributaria; y otro local con fachada a la avenida de Andalucía y a la calle Compositor Lehmberg Ruiz por parte del Ministerio de Hacienda) puedan regresar al emblemático edificio de la avenida de Andalucía en junio de 2026.

Con estos plazos, se confirma algo que ya se daba por sentado. Será necesario prorrogar los respectivos contratos de arrendamiento de las cuatro sedes provisionales, que fueron suscritos en 2018 con una duración de siete años (hasta 2025) por un montante total de 1,9 millones de euros anuales, un importe al que también habría que añadirle los 1,3 millones empleados en los trabajos de adaptación de las nuevas oficinas antes de proceder al traslado de todos los funcionarios.

Un sobrecoste que es consecuencia del retraso que arrastra la ejecución de las obras, ya que aunque la decisión de desalojar el inmueble se tomó a mediados de 2017, no será hasta el próximo mes de marzo cuando la Agencia Tributaria tenga en su poder el proyecto de ejecución que fue contratado en abril de 2022.

Una demora que se suma a la ya acumulada entre la búsqueda de locales disponibles para las nuevas ubicaciones, su acondicionamiento, el traslado de todo el personal y, por si fuera poco, el parón en el inicio de la pandemia en los trabajos de demolición interior de todo el revestimiento de techos y tabiques para dejar a la vista la estructura y hacer un diagnóstico más certero sobre el alcance del debilitamiento que presenta desde su construcción a finales de la década de los 70. En cualquier caso, estas tareas previas terminaron en octubre de 2020.

Igualmente, también se espera que en las próximas semanas esté listo el proyecto de acondicionamiento posterior de las instalaciones para distribuir los 670 puestos de trabajo. En esos documentos se podrá concretar el coste total de la obra, que según los cálculos de la propia Agencia Tributaria rondarán los 23 millones de euros: 13,8 millones para el refuerzo estructural, la reforma del inmueble y actuaciones de accesibilidad, seguridad contra incendios y eficiencia energética; y otros 9,2 millones para la organización espacial del edificio para sus distintos usos. Unido a los alquileres y los gastos de estudios, la factura final se situaría en torno a los 40 millones de euros.

En paralelo, el órgano estatal dependiente del Ministerio de Hacienda ha contratado los servicios de una consultora independiente para que, una vez recibido el proyecto de ejecución de la obra, lo revise y valide en un plazo máximo de dos meses. Por ello, no será antes del próximo mes de mayo cuando se esté en disposición de sacar a concurso las obras. Unos trámites que, a su vez, requerirán al menos otros seis meses entre el periodo de recepción de ofertas, el estudio de las mismas (se espera una concurrencia alta de empresas interesadas dado el montante de la inversión), la adjudicación y la firma del contrato. En el mejor de los casos, el encargo de las obras no se materializaría comienzos de 2024. Según lo previsto por Hacienda, será en junio de 2024 cuando arrancarán los trabajos. El tiempo lo dirá.