Empresarios reclaman por vía judicial 60 millones al Gobierno y a la Junta por la pérdida de actividad

Según ha podido saber este periódico, el sector prepara un aluvión de demandas contra las administraciones. De momento, unos 70 empresarios de la provincia se han puesto en manos de despachos de abogados especializados para reclamar los más 60 millones de euros que acumulan en pérdidas desde que se decretó el primer estado de alarma.

Entre los reclamantes se encuentran hoteles, restaurantes, agencias de viajes y comercios especializados. Los empresarios consideran que las restricciones impuestas por los sucesivos estados de alarma desde marzo del año pasado les han provocado pérdidas innecesarias que los causantes deben resarcir.

Las mayoría de las demandas se presentarán ante el Tribunal Supremo, en concreto, en la Sala tercera de lo Contencioso-Administrativo, y exigirán lo que han dejado de ingresar entre 14 de marzo y 31 de diciembre de 2020 respecto al mismo periodo de 2019. Van dirigidas tanto contra el Gobierno central, que fue competente durante el primer estado de alarma, como contra la Junta de Andalucía, que ha sido la encargada de establecer las medidas desde el inicio de la desescalada. Se trata de reclamaciones patrimoniales, y la intención es que cada afectado presente su propia demanda, ya que la acciones colectivas no están admitidas de momento en España.

De forma generalizada, los empresarios se han puesto en manos de dos despachos con gran reputación a nivel nacional: Martínez-Echevarría y Cremades & Calvo Sotelo. Sólo en el segundo están asesorando a más de un millar de empresarios en el ámbito nacional y han calculado que la indemnización global en toda España deberá superar los 1.000 millones de euros.

El responsable del departamento de Derecho Público en Martínez-Echevarría, Iñaki Marrodán, explica que la cuantía exacta de las reclamaciones se fijarán mediante informes periciales que se están elaborando en este momento. Aunque serán muy variadas en función del tipo de establecimiento, calcula que en el caso de los hoteles más importantes de la Costa, la pérdida de ingresos puede ser superior al millón de euros en cada caso. Su intención es presentar todas las demandas antes del 21 de junio, fecha en la que se cumplirá un año de la finalización del primer estado de alarma.

Marrodán argumenta que se está exigiendo una responsabilidad patrimonial a la administración, ya que «se han causado daños a particulares que no tenían necesidad de soportarlos». Aunque van dirigidas contra el Gobierno central y el autonómico, dice que la responsabilidad es solidaria, por lo que ellos deberán determinar cuál es responsabilidad de cada una.

En el caso de este despacho no han incluido al sector del ocio nocturno porque consideran que las casuísticas son distintas: entienden que por la propia naturaleza del negocio sus clientes tienden a bailar pegados y a mantener un contacto más estrecho que en el resto, por lo que en ese caso sí se podrían entender las limitaciones a la actividad.

De forma similar, el socio director de Cremades & Calvo Sotelo, Fernando Taboada, detalla que para fijar la cuantía reclamada se han basado en la facturación del año 2019, previa al Covid, y la del año pasado, en plena pandemia. En su despacho trabajan actualmente para 49 empresas, a las que han agrupado en tres bloques: las más grandes, que facturaban 68 millones de euros y han perdido 47,6; las medianas, que alcanzaban casi los 13 millones y ahora han perdido 9; y las pequeñas, que facturaban 123.500 euros y reclaman unos 86.000.

Aunque no existe precedente sobre nada parecido, Taboada se muestra convencido de que las reclamaciones deberían prosperar porque la incidencia de las medidas de control en el sector ha sido evidente y las ayudas apenas han llegado a los establecimientos. Para este despacho de abogados, uno de los acicates para dar el último impulso a estas demandas ha sido el plan de rescate a la hostelería, turismo y comercio que aprobó el Consejo de Ministros el 22 de diciembre que «llega tarde, es escaso y sin ayudas directas».