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El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se apresuró en su primera visita a la capital a anunciar la paralización del tramo hasta el Hospital Civil, que no se hará ni por arriba ni por abajo; y a impulsar la llegada de las vías hasta el Parque Tecnológico. Lo hizo como un compromiso político, para dar respuesta a las quejas vecinales y del alcalde, Francisco de la Torre, en un caso; y a la demandas de los trabajadores, en el otro. Aunque sin tener en cuenta los cálculos técnicos y de rentabilidad de una y otra actuación.
La sociedad concesionaria, Metro de Málaga, que todavía no ha sido informada oficialmente de estos cambios, ha querido trasladarle al máximo responsable autonómico su posición al respecto, a través de un informe de situación. Y esta es clara: llevar el tranvía hasta el PTA no es rentable, al menos desde el punto de vista económico y como infraestructura de utilidad pública.
El documento, al que tuvo acceso SUR, advierte de que la demanda potencial que se puede captar es reducida. Aunque no da el dato exacto, fuentes de la entidad fijan la cifra en el entorno de los dos millones de pasajeros al año. En cambio, el coste de la inversión sí se especifica y sería elevado, de unos 80 millones de euros, para un recorrido de 6,5 kilómetros de extensión. Es el doble de lo que iba a costar llevarlo hasta el Civil. A ello, se une el hecho de que será necesario adquirir más unidades de tren. Por tanto, concluye, la relación entre los viajeros captados y la inversión necesaria es muy desfavorable.
La concesionaria llega a proponer varias alternativas. Para paliar la falta de transporte público en la Tecnópolis, aboga por la solución propuesta por la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) del 'metrobús', que el escrito denomina bus-lanzadera, con intercambio en la última parada de la línea 1, Andalucía Tech (en la zona de la ampliación del campus universitario de Teatinos). Según los cálculos de la EMT, la intermodalidad entre ambos sistemas generará del orden de 1,1 millones de viajeros anuales. Esta fórmula, cuya implantación fue acordada el año pasado entre ambas empresas, con el Ayuntamiento y el anterior Gobierno de la Junta, debería entrar en servicio tan pronto como se habilite el carril bus en la carretera de acceso desde la autovía del Guadalhorce (A-357) hasta el recinto empresarial. Este tendrá un plazo de ejecución de 14 meses a partir de la adjudicación (prevista para mediados de año).
El memorando también apunta, de manera muy somera, que existen otras alternativas con mucha mayor capacidad de captación de usuarios, tales como la llegada a Ciudad Jardín (descartada de momento por la polémica del Civil) e incluso la prolongación hasta El Palo.
Aunque el texto no entra en profundidad, a nivel técnico hay varios elementos que lastran la línea al PTA. El uso se concentrará en dos franjas muy concretas, como son las horas punta de entrada y salida del trabajo, en los que podría haber una alta saturación, que se puede resolver con trenes en doble composición, pero no el resto del día. Los fines de semana tampoco tendrá apenas utilidad, ni durante el mes de agosto, por las vacaciones. A ello, se une el gasto extra de viajar sin apenas pasajeros durante la mayor parte de la jornada.
En el lado opuesto, bien es cierto que se trata de un centro de trabajo en continua expansión y crecimiento. El metro, unido a otros transportes públicos, como la mejora de los autobuses y la llegada del Cercanías; así como a la ampliación de la red viaria, daría lugar a un sistema de comunicaciones óptimo para facilitar la vida de sus trabajadores.
El documento no entra todavía en las cifras o las fórmulas de las posibles compensaciones que habrá que negociar por no hacer el tramo en Eugenio Gross, pero los socios privados sí hacen dos advertencias muy claras a la Junta: la primera es que cualquier extensión nueva que pretenda construirse estará al margen del actual contrato de concesión (vigente hasta 2042), por lo que obligará a modificarlo. Y la segunda, que los tramos que actualmente se incluyen en este son de ejecución obligatoria y están garantizados a la concesionaria. De manera que no ejecutarlos supondrá incurrir en responsabilidades contractuales por parte de la Administración.
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