La burocracia pone contra las cuerdas un gran proyecto empresarial junto a San Julián en Málaga

Sus promotores están desesperados. Se trata del grupo Molina Caballero, la sociedad Autocares Hermanos Ríos y el empresario Guillermo Mesonero-Romanos, que están dispuestos a impulsar un proyecto contenido desde 2011 en el Plan General de Ordenación Urbanística para urbanizar unos terrenos de 227.565 metros cuadrados en los que están planificadas cinco parcelas para uso productivo y empresarial, una zona comercial de 17.542 metros cuadrados situada a espaldas del actual centro Leroy Merlin, varias zonas verdes y un suelo para equipamiento.

Son varios los inversores que se han interesado en los últimos años por adquirir los suelos para desarrollar esta operación empresarial pero, como suele ser habitual en estos casos, no darán el paso hasta que se apruebe su ordenación. La habitual lentitud de la burocracia ha frenado su desarrollo, condicionado en los últimos años, entre otras cuestiones, por la necesidad de llevar a cabo unos sondeos arqueológicos solicitados por la delegación de la Consejería de Cultura, por su proximidad al yacimiento fenicio del Cerro del Villar que se encuentra junto a la urbanización de Guadalmar.

Fuentes cercanas a los promotores han señalado que esas excavaciones ya se han realizado y no han arrojado resultados de relevancia, por lo que la Junta dio luz verde a que el expediente pudiera seguir su camino hacia la aprobación definitiva. Además, el proyecto también ha tenido que adaptarse para salvar los reparos de la administración regional respecto al riesgo de inundación de los suelos, entre otras cuestiones.

No obstante, el último episodio relacionado con este gran proyecto empresarial, asesorado por el abogado Manuel Jiménez Baras, del despacho Ius Urbis, y el arquitecto José Luis Flores Carreño, está relacionado con la supervisión que debe realizar la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes. En junio de 2023, este departamento estatal emitió un informe desfavorable y pidió que se introdujeran medidas para evitar un colapso del tráfico en una zona ya de por sí saturada por la presencia de centros comerciales como Leroy Merlin, Decathlon y Plaza Mayor.

Pese a que ese informe de Carreteras llegó fuera de plazo (la Gerencia Municipal de Urbanismo lo solicitó el 9 de mayo de 2022 y no se recibió hasta el 29 de junio de 2023, más de un año después), en abril de este año 2024, el Ayuntamiento remitió al Gobierno central una nueva documentación con un estudio de tráfico presentado por los promotores el pasado mes de marzo. El pasado junio, Carreteras contestó y pidió una nueva versión del estudio de tráfico que tuviera en cuenta un análisis de intensidades realizado en febrero de este año, así como la subsanación de las observaciones que hizo en junio de 2023.

Según han informado desde Urbanismo, sus técnicos remitieron toda esa nueva documentación a la Dirección de Carreteras, tras recibirla por parte de los promotores, el pasado 13 de junio. El plazo que tenía este departamento del Gobierno central para contestar acabó el pasado 7 de agosto, sin que se haya recibido en el Ayuntamiento respuesta alguna respecto de este expediente, según han asegurado.

Ante esta tesitura, y para evitar que el proyecto tenga que someterse a una evaluación ambiental, que podría tardar como mínimo uno o dos años más, al caducar el miércoles que viene la que tiene en vigor desde 2020, el equipo de gobierno municipal ha convocado para este último viernes de agosto un pleno extraordinario en el que pueda aprobarse definitivamente la actuación, pese a que no cuente aún con el dictamen favorable expreso de Carreteras. Según ha podido conocer SUR, esta circunstancia se salva en la propuesta que será aprobada este viernes al entender los técnicos de Urbanismo que la no respuesta de Carreteras supone «la conformidad» de esta administración con la última documentación de tráfico presentada. Además, el Ayuntamiento recuerda en el expediente que este departamento del Gobierno central tendrá que informar los proyectos de urbanización de la zona, cuya aprobación será el siguiente paso para poder desarrollarla.

Este proyecto empresarial junto a San Julián está dividido en dos unidades de ejecución para facilitar su desarrollo. Según las fuentes consultadas, la intención de la sociedad Autocares Hermanos Ríos es iniciar cuanto antes las obras de su parte (la de menor superficie), que incluye la construcción de una gasolinera.

La celebración de este pleno extraordinario 'in extremis' evitaría la repetición de la evaluación ambiental y tendrá un efecto similar al que ya celebró la corporación municipal el pasado 16 de agosto para dar luz verde a un proyecto empresarial similar en este entorno de la capital, cuyo informe ambiental también caducaba el próximo día 4 de septiembre. En este caso, se trata de una zona de 72.981 metros cuadrados de superficie que está ubicada entre el polígono Villa Rosa y la autovía de Guadalmar. Aquí irán varias parcelas para empresas y un supermercado de la cadena Lidl. La urbanización de estos suelos, también asesorados por Ius Urbis, está valorada en más de tres millones de euros.

La ordenación de esta otra actuación, junto a la calle Pascal, incluye 17.529 metros cuadrados construidos para uso empresarial y 4.362 metros cuadrados para comercial, así como 23.084 metros cuadrados de zonas verdes públicas, 4.014 para equipamientos y 25.020 para viales. Los edificios para empresas, en las zonas este y norte del sector, tendrán una altura máxima de planta baja más tres y podrán contar con zonas de aparcamiento en superficie. La zona sur se destinará al uso comercial, con una altura máxima de planta baja más una.