El Ayuntamiento tuvo que poner otros 13 millones para tapar el déficit de Limasa en 2018

Mientras en el plano político no hay forma de despejar el futuro de Limasa, hasta el punto de que el alcalde ha aparcado su apuesta por la municipalización dejando el asunto en manos de la Corporación que salga de las elecciones del próximo 26 de mayo, la concesión actual que debía expirar en abril de 2017 tras 16 años se mantiene prorrogada 'sine die', hasta un máximo de ocho años. Y con ella, las polémicas cláusulas que elevan el gasto en limpieza de la ciudad. En vista del atasco en el Ayuntamiento, la previsión es que el contrato vigente se extenderá al menos hasta 2020, continuando conceptos como el que obliga a la sociedad mixta (el 49% es municipal) a cerrar cada ejercicio con un beneficio antes de impuestos del 2%. Una cláusula que se cumple fielmente desde que se implantó en 2004 y, siempre, a costa de las arcas públicas. Y es que al margen de los 77,8 millones facturados por la limpieza viaria, recogida de residuos y su posterior tratamiento, el pasado año tuvieron que poner otros 13 millones (12,6 en 2017 para restablecer el equilibrio financiero, según recogen las cuentas anuales que serán sometidas a aprobación por el consejo de administración de la sociedad.

Esta compensación económica para cubrir el déficit se ha visto notablemente incrementada en los últimos ejercicios (12,6 en 2017; 15,3 en 2016) y eleva hasta los 120 millones el dinero de más que ha tenido que poner el Consistorio desde que el equipo de gobierno aprobó un acuerdo con los socios privados (FCC, Urbaser y de forma más minoritaria Sando y Unicaja) en el que a cambio de asumir la gestión del servicio y de personal pese a estar en minoría en el consejo de administración, se obligaba también a garantizar no sólo que la empresa siempre cierre en positivo, sino que lo haga con un beneficio del 2% antes de impuestos. Este montante extra proviene de la aportación adicional que cada ejercicio tiene que abonar la ciudad para compensar a la parte privada por nuevos trabajos encomendados que no figuraban en el contrato y por las subidas salariales por encima del IPC que en los años de bonanza fue aprobando el gobierno de Francisco de la Torre para evitar conflictos laborales.

Con estos pagos se consigue que las cuentas de Limasa sigan cuadrando, ya que los únicos ingresos que genera la empresa al margen de la factura que le cobra al Ayuntamiento por la limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos proceden de la venta de material reciclado, que en 2018 le permitieron embolsarse 5,2 millones (5,3 en 2017).

Entre la facturación al Ayuntamiento, la citada compensación económica y la venta de subproductos procedentes de la planta de reciclaje, el importe neto de la cifra de negocio ascendió el pasado ejercicio hasta los 96,1 millones de euros, frente a los 91,2 de 2017 (toda la diferencia procede de las prestaciones del servicio).

El balance final arroja un beneficio de 1,43 millones de euros, una cifra similar a la de los últimos años con la única excepción de los 874.045,15 euros de 2017. Tampoco cambia que, por séptimo ejercicio consecutivo, no habrá reparto de dividendos y se pasan a la reserva de la entidad. La parte privada no cobra beneficios, pero sí que sigue percibiendo el canon de asistencia técnica, un concepto que bajo el paraguas de asesoramiento jurídico, informático y legal le reporta cada año el 2,5% de la facturación. En 2018 ingresaron por esta vía 2,26 millones, que se suman a los 30,8 que se llevan abonados desde el inicio de la concesión en abril de 2001.