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El equipo de gobierno municipal ha buscado una salida a un proyecto de viviendas protegidas que llevaba más de una década bloqueado. Como informó SUR el pasado 2 de julio, se trata del sector de Soliva Oeste, una actuación recogida en el Plan General de ... Ordenación Urbanística de Málaga como una prolongación de la barriada de VPO de Soliva que construyó el Instituto Municipal de la Vivienda años atrás. Se trata de un espacio destinado a la construcción de 1.003 viviendas protegidas hasta ahora en manos de forma mayoritaria (en un 91,3%) de las promotoras Edipsa y Myramar, que en los últimos años han hecho ver al Ayuntamiento la imposibilidad de desarrollar esa operación de VPO por la elevada carga de infraestructuras que lleva asociada. En concreto, conlleva la ejecución de un vial que cruza la zona de norte a sur y que supone un coste de más de 11 millones de euros, una cuantía que hace que los gastos totales de urbanización se eleven a unos 20 millones.
El Ayuntamiento ha tomado finalmente una decisión salomónica y en el consejo de Urbanismo de este jueves dará cuenta de un acuerdo con estos privados para comprarles el suelo para las mil VPO a cambio de cederles derechos para construir pisos, tanto de renta libre como de protección oficial, en la cercana zona de Lagar de Oliveros, al oeste del Puerto de la Torre. Este convenio resulta especialmente beneficioso para Edipsa y Myramar, ya que se libran de tener que desarrollar un sector que resultaba económicamente inviable por las elevadas cargas.
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La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha explicado que este intercambio de suelos también implica una reordenación de las propiedades de Lagar de Oliveros. En la mitad norte de ese otro futuro sector residencial se quedan la promotora Aliseda y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Y, en la sur, pasarán a contar con derechos urbanísticos Edipsa y Myramar, junto a otros propietarios. No obstante, el Consistorio no gasta en este canje todos sus derechos urbanísticos en Lagar de Oliveros, según ha apuntado Casero, quien no ha ofrecido más detalles al respecto.
«Esto va a agilizar poner en carga mil VPO para los malagueños», ha subrayado la edil de Urbanismo, quien ha comparecido este martes junto al concejal de Vivienda, Francisco Pomares, para dar cuenta de la operación. Pomares ha desvelado que el valor en el que se han tasado los suelos de Soliva Oeste asciende a unos 16 millones de euros, y ha confiado en que, para antes de finales de este año, puedan quedar en manos del Instituto Municipal de la Vivienda.
A partir de ese momento, será responsabilidad del Consistorio ejecutar este millar de VPO en Soliva Oeste, para lo que ni Casero ni Pomares se han atrevido a dar plazos. No obstante, seguramente pasarán varios años antes de que empiecen a colocarse los primeros ladrillos. En primer lugar, el Ayuntamiento tiene que redactar y aprobar los proyectos de reparcelación y de urbanización de esta zona, que está sin transformar. Además, la urbanización tendría que pasar por un informe ambiental, y planificarse para rellenar la cantera de la desaparecida fábrica de ladrillos de Salyt, que todavía se encuentra en este lugar.
Al mismo tiempo, el IMV tendrá que ver cómo financia las obras de adaptación de los suelos, para lo que podría solicitar ayudas de fondos europeos que manejan el Gobierno central y la Junta. Y, finalmente, lo más probable es que el Ayuntamiento saque a concurso la construcción de las VPO para que sean promotoras privadas las que las ejecuten y exploten, como ha hecho recientemente con varias parcelas en los sectores de Distrito Zeta y Cortijo Merino.
Pomares ha calificado esta actuación como «una jugada maestra» de los responsables de Urbanismo porque han tenido una «visión estratégica» para desbloquear la ejecución de un millar de VPO que los privados no podrían haber ejecutado por la elevada carga de infraestructuras que les impuso el Ayuntamiento, por lo que llegaron a presentar varios recursos en los tribunales en contra la Gerencia Municipal de Urbanismo. No obstante, no llegaron a recabar una resolución favorable a sus pretensiones por la vía judicial.
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