El Ayuntamiento de Málaga bloquea un suelo en el que se pueden construir 1.000 VPO

Un ejemplo de esto último lo constituye el sector Soliva Oeste, recogido en el Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga como una prolongación de la barriada de VPO de Soliva que construyó el Instituto Municipal de la Vivienda años atrás. En este enclave, entre la actual Soliva y el espacio que ocupó el antiguo vertedero de la ciudad, ya sellado, está prevista la construcción de otras 1.003 viviendas de protección oficial que, en estos momentos, vendrían como agua de mayo para el panorama inmobiliario de la capital. Sin embargo, 12 años después de que el Consistorio aprobara definitivamente el plan urbanístico para que ese suelo pueda desarrollarse, sigue todavía baldío.

El motivo está en las abultadas cargas externas que lleva asociada la urbanización de este suelo, cuyos propietarios siguen siendo los mismos que iniciaron su desarrollo: en un 91,3% está en manos de las promotoras Edipsa y Myramar, y un 8,6% corresponde al Ayuntamiento. Según ha podido conocer SUR, en los últimos años, estos privados han intentado hacer ver al Consistorio la imposibilidad de promover este millar VPO si la transformación del suelo lleva asociada la construcción de un nuevo vial que lo cruza de norte a sur.

Los cálculos realizados por estas empresas han llegado a cifrar la realización de ese tramo de carretera en más de 11 millones de euros, una cuantía que hace que los gastos totales de urbanización se eleven actualmente a unos 20 millones de euros. Ante esta tesitura y la cerrazón mostrada hasta ahora por el Ayuntamiento para buscar una salida a este asunto, Edipsa y Myramar han llegado a demandar a la Gerencia Municipal de Urbanismo en los tribunales hasta en dos ocasiones, una de ellas para hacer ver que resulta inviable el desarrollo de este sector residencial de VPO si se exige la ejecución de un vial tasado en 11,3 millones de euros. Sin embargo, en ambos casos, la justicia no les ha dado la razón.

Actualmente, Edipsa y Myramar mantienen abierto un tercer contencioso contra Urbanismo para insistir en que resulta prácticamente imposible asumir los 20 millones de euros de costes de urbanización para un proyecto de viviendas protegidas, a precio tasado. No obstante, en paralelo, se ha abierto una vía de negociación entre estas empresas y los actuales responsables de la Gerencia de Urbanismo para analizar fórmulas que permitan desbloquear este asunto, más allá de los recursos presentados en los tribunales y que, por ahora, no han servido para avanzar en la ejecución de este futuro sector residencial.

En ese sentido, según varias fuentes consultadas, desde el Ayuntamiento están abiertos a mantener próximamente reuniones con los responsables de estas empresas promotoras para buscar una salida a la materialización de unas VPO por las que incluso ya se han llegado a interesar constructoras especializadas en su ejecución. Sin embargo, el interés de estas firmas por adquirir algunas de las futuras parcelas del sector se ha visto frenado cuando han comprobado los costes de urbanización que tendrían que asumir, coincidiendo con Edipsa y Myramar en que, en las actuales condiciones, resulta irrealizable a nivel económico.

Una de las ventajas que presenta este suelo respecto a otros muchos reservados para VPO en el planeamiento urbanístico de Málaga es que ya tiene aprobado su plan parcial, por lo que su ejecución podría ser más cercana en el tiempo. Eso sí, todavía faltaría por aprobar los expedientes de reparcelación y urbanización, unos trámites que podrían durar uno o dos años. La urbanización tendría que pasar por un informe ambiental, y planificarse para rellenar la cantera de la desaparecida fábrica de ladrillos de Salyt, que todavía se encuentra en este lugar. Con todo, la burocracia podría ser algo más ágil que en otros sectores.

En este caso, también se prevén varias parcelas para equipamientos y una superficie comercial de 15.038 metros cuadrados construidos en el extremo sur de la zona, en la que los bloques de VPO podrían alcanzar una altura de planta baja más cuatro, para dar continuidad a los ya habitados desde hace años en Soliva Este.

Uno de los principales argumentos de Edipsa y Myramar para rechazar que se les exija la ejecución del tramo de vial que atraviesa la zona es que consideran que se trata de un eje viario con una función que trasciende la mera conexión de este sector, ya que se prolonga al sur hacia los terrenos de Amoniaco, donde ya han empezados los movimientos de tierras para una futura urbanización de 1.250 viviendas, y al norte hacia los suelos de Lagar de Oliveros, donde están previstas en total 4.644 viviendas, de las cuales 2.754 serán de protección oficial y 1.890 de renta libre. Por esa función de vial estructurante de la ciudad, el actual PGOU lo incluyó como una infraestructura general en su primera versión. Sin embargo, en la definitiva, asoció su realización al desarrollo de diferentes sectores privados.