El Ayuntamiento de Málaga busca promotores para que construyan y exploten 1.168 VPO en venta o alquiler

El alcalde, Francisco de la Torre, ha admitido que «lo más normal» es que la mayoría de los promotores que pujen por estos suelos lo hagan en la modalidad de la venta, después que la Junta de Andalucía haya aprobado una normativa que eleva los precios de la VPO en un 14,5%. Así, en función de las diferentes modalidades que tendrán estas viviendas habrá 605 que costarán aproximadamente un máximo de 170.000 euros más IVA, 249 que se pondrán a la venta a unos 193.000 euros más IVA, y 314 que se venderán por un máximo de 225.000 euros más IVA.

Todas ellas tendrán unos 70 metros cuadrados de superficie y contarán con garaje y trastero. Eso sí, sus compradores se escogerán por sorteo en el Registro de Demandantes de VPO que gestiona el Ayuntamiento y deberán cumplir una serie de requisitos en cuanto a ingresos para poder optar a estos pisos. Así, en el caso de las 605 viviendas más económicas, los ingresos de los compradores no pueden superar 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que actualmente serían 25.200 euros al año. Para las 249 de régimen general, ese tope salarial se amplía hasta 28.800 euros al año en doce pagas (4 veces el IPREM), y para las 314 de mayor precio sube hasta 39.600 euros al año (5,5 veces el IPREM).

Gracias a los cambios introducidos por la Junta a principios de este año, en el caso de que el promotor no logre adjudicar las 314 viviendas más caras tras agotar las listas de seleccionados y suplentes extraídas por sorteo del Registro de Demandantes, podrá venderlas libremente y, en ese caso, el límite salarial se amplía hasta 7 veces el IPREM (50.400 euros anuales).

A cambio de ceder estos suelos, los promotores que se queden con cada una de las parcelas deberán ceder al Ayuntamiento un número de viviendas equivalente al valor del terreno en cuestión. En total, el Consistorio recibirá 163 pisos protegidos ya construidos, repartidos entre los 13 proyectos, que serán destinados a jóvenes menores de 35 años bajo el régimen de alquiler con opción a compra.

Además, el IMV adjudicará estas parcelas a aquellas empresas que oferten un menor precio de venta o alquiler para los futuros moradores de las viviendas (el 75% de la puntuación para ser adjudicatario del suelo irá en función de esa rebaja) y a las que planteen más medidas para favorecer el bajo consumo de energía de cada edificio (lo que supone un 25% de los puntos para quedarse con el suelo).

De la Torre, acompañado por la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, y el edil de Vivienda, Francisco Pomares, ha explicado que el concurso de las 13 parcelas podría activarse el próximo mes de junio y que la adjudicación de estos suelos a los promotores que se presenten a esa convocatoria (repartida en seis lotes) podría resolverse en octubre. A partir de entonces, las empresas tendrían seis meses de plazo para presentar los proyectos y pedir la licencia de obras.

El alcalde ha confiado en que para abril o mayo del año que viene puedan comenzar las obras de las promociones de 606 VPO en Distrito Zeta, ya que los trabajos de urbanización de este sector están muy avanzados. En cambio, en Cortijo Merino aún no han comenzado como tales. No obstante, ha apuntado que la construcción de otras 562 en este enclave que ocupó la fábrica de Amoniaco podría iniciarse en paralelo a la preparación de estos suelos cuando esté ejecutándose.

Desde la obtención de la licencia de obras, las empresas tendrán un máximo de 30 meses para construir las viviendas, por lo que no estarían listas al menos hasta 2027. Además, el Ayuntamiento les ha marcado un plazo máximo de seis meses para que las entreguen desde que obtengan los certificados finales de obra y calificación. En el caso de que sean pisos en venta, los sorteos para adjudicarlos podrían llevarse a cabo una vez que estén en marcha las obras, ya que lo habitual es que logren adjudicar muy pocos entre las listas de seleccionados y suplentes, y tenga que abrirse una venta abierta por orden de llegada.

Por cada mes de retraso que las promotoras generen respecto a estos plazos, el IMV las penalizará con una sanción económica del 0,5% del valor del contrato de cesión del suelo, que se corresponde con el valor del terreno. Además, podrá multarlas con un 0,1% de esa cantidad económica por cada vez que no permitan el acceso de los técnicos municipales a las obras. Y también está contemplada la posibilidad de retirarles la concesión del suelo si el Consistorio observa un incumplimiento reiterado y prolongado de sus compromisos.

No obstante, el alcalde ha confiado en que no se den ese tipo de situaciones y en que la gestión del proceso para el desarrollo de estos suelos se haga «rápido y pronto». Con todo, todo va a depender del interés que demuestren las empresas interesadas en el desarrollo de estos proyectos de viviendas protegidas, una tipología que se encuentra prácticamente desaparecida del mercado inmobiliario porque no resulta atractiva a los empresarios de este sector. De los privados va a depender que tenga o no éxito este plan municipal.