Primeros derribos para dar paso a la mayor urbanización de Málaga: 2.847 viviendas en Churriana

En las últimas semanas se han llevado a cabo los primeros trabajos para dar paso a la transformación de estos suelos. Se trata de varios derribos de viviendas que, además de ser incompatibles con la operación que se va a desarrollar, se encuentran fuera de la legalidad, ya que invaden una vía pecuaria.

Según se contempla en el proyecto de reparcelación del sector, asesorado por el despacho de abogados Ius Urbis, en la zona existen actualmente 25 viviendas de las que 15 pueden mantenerse porque su situación urbanística lo permite, y una decena tienen que desaparecer porque su legalización resulta inviable.

No obstante, los promotores de Rojas Santa Tecla (unos doscientos propietarios de los que la mayor parte de los derechos constructivos están en manos de los herederos de Juan Jiménez-Lopera, fallecido en 1977) acordaron indemnizar a los residentes en esa decena de viviendas valorando el coste del suelo que ocupan, de la construcción que habitan y del alquiler de un piso en la zona de Churriana durante los próximos cinco años. Así, se han establecido pagos que oscilan entre 59.301 y 151.295 euros en total.

En total, la junta promotora del sector desembolsa 2,2 millones de euros en concepto de compensaciones no solo a los residentes en las viviendas que tienen que ser demolidas para dar paso a este proyecto, sino también a propietarios de parcelas sin edificación que no reúnen las condiciones suficientes para mantenerlas en su poder.

Algunos de los residentes en las casas que deben desaparecer han aceptado la indemnización y han entregado las llaves, por lo que la junta de promotores ha procedido a la demolición de esas edificaciones, algunas de muy poca calidad, para evitar la presencia de okupas. Otros mantienen un pleito judicial para reclamar una mayor cantidad compensatoria por abandonar sus hogares, aunque legalmente están llamados a ser derribados.

En cualquier caso, los propietarios de los suelos del nuevo proyecto urbanístico han cumplido con su obligación y han depositado ante notario las indemnizaciones acordadas con el Ayuntamiento para el desalojo de estas familias. Así, según fuentes consultadas, los privados han cumplido su parte y están a la espera de que la Gerencia Municipal de Urbanismo haga lo mismo y les entregue el certificado de aprobación del proyecto de reparcelación de la zona, un paso necesario para que puedan inscribirlo y, de ese modo, no haya obstáculo alguno para que puedan iniciarse las obras de urbanización de los terrenos.

El proyecto de urbanización de los suelos, elaborado por CAI y Narval, está valorado en 53,9 millones de euros (incluido el campo de golf), y tiene un plazo estimado de ejecución de 28 meses, algo más de dos años. Los propietarios del sector ya están en contacto con varias constructoras para una próxima contratación de estos trabajos. El hecho de que varias casas permanezcan aún en la zona, porque sus moradores no aceptan la compensación ofertada, no impide que puedan comenzar las obras de urbanización, ya que el suelo que ocupan estas viviendas está calificado como zona verde en la futura ordenación de este ámbito.

Según el plan urbanístico que aprobó el pleno municipal en marzo de 2017, además de las casi tres mil viviendas, esta actuación incluye también dos parcelas para uso comercial –una en el límite con Torremolinos, al otro lado de la autovía, y otra al norte de los suelos del campamento Benítez– que suman 30.115 metros cuadrados, un club de golf en un suelo de tres mil metros cuadrados, equipamientos deportivos en una superficie de 22.784 metros cuadrados, sociales (24.207 metros cuadrados) y escolares (45.690 metros cuadrados). Asimismo, se reservan 330.353 metros cuadrados para zonas verdes y 244.172 metros cuadrados para viales. Se han previsto también 2.763 plazas de aparcamiento en superficie, de las que 70 serán reservadas para personas con movilidad reducida.

En el proyecto de Rojas Santa Tecla, más de la mitad de los derechos urbanísticos están en manos de la familia Fierro-Van Dulken, herederos de Juan Jiménez; un 12% corresponden a Land Co, la promotora de suelo del Banco Santander, que aquí tiene previsto edificar 335 viviendas; y otro tanto está en manos de la sociedad Málaga Oeste, tras la que se encuentra la empresaria Francisca Sánchez Ordóñez. El resto son propietarios con menores porcentajes.

Para el desarrollo de este proyecto será clave la realización de una canalización de agua regenerada desde la depuradora del Guadalhorce que acometerá el Ayuntamiento, a través de Emasa, y que servirá para regar no solo los suelos del campo de golf que incluye este proyecto de Rojas Santa Tecla, sino también los del antiguo campamento Benítez, donde el Consistorio ya ha iniciado los trabajos para transformarlos en un nuevo parque metropolitano.