El Ayuntamiento se abre a estudiar la implantación de la 'tasa Amazon' en Málaga

La confluencia llevaba a la comisión una moción compuesta por tres puntos. El primero, instaba al Ayuntamiento a «comprometerse a estudiar, con los informes jurídicos, económicos y fiscales pertinentes y contando con la Universidad de Málaga si fuera preciso, la implantación de una tasa que grava la ocupación y uso privativo de la vía pública por parte de los grandes operadores postales que realizan entregas a domicilio en Málaga». Un punto que fue aprobado por unanimidad (PP, PSOE, Cs, UP y Juan Cassá).

Aunque se haya adaptado el nombre de 'tasa Amazon', el hipotético gravamen se haría extensible no solo al gigante de la mensajería de Estados Unidos. Lo pagarían otros grandes operadores postales, según los parámetros que se fijarían. Si se sigue el ejemplo de Barcelona, donde ya funciona este tributo, se gravaría a las empresas que facturen más de un millón de euros al año.

El segundo punto de la moción exigía al Ayuntamiento que, en el caso de implantar la tasa, se destinara una cantidad anual al pequeño comercio, siendo ésta «similar a lo recaudado» por este gravamen. Sin embargo, este punto ha sido rechazado con los votos en contra del PP, Cs y Juan Cassá. PSOE y UP votaron a favor.

La unanimidad volvió en el tercer punto de la moción, en el que se pide que el Ayuntamiento «se comprometa a aumentar las partidas económicas destinadas al apoyo del pequeño y mediano comercio».

A efectos prácticos, la aprobación de la moción no trae cambios para los operadores que circulan por las calles de Málaga, como pueden ser, además de Amazon, Seur, DHL, UPS, MRW o Correos Express. Pero sí deja entrever que el equipo de gobierno está en disposición de estudiar la implantación de esta tasa. Cabe recordar que con otros tributos, por ejemplo con la tasa turística, el rechazo por porte del Ayuntamiento es notorio.

De encargarse estos estudios, ahora tendrán que dilucidarse que fórmulas son posibles para gravar esta actividad en Málaga, partiendo desde el punto de que se entiende que estas empresas realizan un aprovechamiento especial del espacio público. Cualquier medida que se tome en este sentido tendría que estar bien atada jurídicamente para evitar que las empresas en cuestión puedan plantear demandas judiciales.