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No se refiere únicamente a Amazon, pero a nivel mundial ha sido bautizada con el nombre del gigante del comercio electrónico. Se trata de la conocida como 'tasa Amazon', un tributo que cada vez más ciudades están implantando a las grandes plataformas y operadoras postales ... por el uso que hacen del espacio público en su labor de reparto. En España, el primer ayuntamiento en aprobarla ha sido el de Barcelona, que empezará a cobrar previsiblemente a partir de marzo un gravamen a todas las compañías del sector que facturen más de un millón de euros anuales. Una iniciativa que el grupo municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Málaga propone trasladar a la capital con la idea de que el dinero que se pudiera recaudar se destinase a la puesta en marcha de medidas de apoyo al pequeño y mediano comercio de la ciudad. En el caso de Barcelona, se estiman unos ingresos anuales de 2,6 millones de euros.
La propuesta será defendida este viernes en la comisión plenaria de Economía por el portavoz de la coalición de izquierdas formada por Podemos e IU, Nicolás Sguiglia. «El comercio electrónico ha registrado una auténtica explosión en los últimos años, lo que ha generado distintos efectos. Por un lado, una concentración de los servicios postales en grandes empresas, pero también un efecto negativo en los pequeños y medianos comercios, que no pueden competir en precios. En los barrios vemos cada vez más operadores de comercio 'on line' ocupando el espacio público, haciendo un uso privativo sin que el Ayuntamiento ingrese un euro. Por eso, pedimos que estos gigantes paguen una pequeña tasa y que lo que se ingrese se revierta en ayudar a la digitalización de las pymes para que puedan competir mejor», argumenta el edil.
La moción hace referencia a la «competencia asimétrica» de estos grandes operadores respecto a los negocios locales, una situación que «ha contribuido al cierre de pequeños comercios, la pérdida de puestos de trabajo y el debilitamiento de los tejidos comerciales y productivos locales». Entre los factores de este desequilibrio se señala la desigual fiscalidad, y marca como uno de los objetivos de la medida «contribuir a equilibrar la ventaja comparativa del e-comerce respecto al comercio tradicional, que paga otros impuestos como el IBI por tener un local físico».
También pone de relieve el alto impacto que las redes logísticas y de transporte de estas grandes empresas tiene en el tráfico de la ciudad como «ocupación intensiva de las zonas de carga y descarga, constantes paradas en doble fila u otras ocupaciones ocasionales del espacio público». Un uso que «supone un coste para el Ayuntamiento en concepto, por ejemplo, de mantenimiento».
Por ello, la propuesta de Unidas Podemos busca el compromiso del Ayuntamiento de elaborar los informes jurídicos, económicos y fiscales pertinentes para la posible implantación de una tasa que grave la ocupación y uso privativo de la vía pública por parte de los grandes operadores postales que realizan entregas a domicilio en Málaga. Y, como segundo punto, que en el caso de aplicarse, se destine una cuantía similar a lo recaudado anualmente a programas de apoyo al pequeño comercio de la ciudad.
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