Las asociaciones tiran de voluntarios para atender el aumento de peticiones de ayuda

Nadie lo esperaba. Poco más de una década después de la crisis de 2008, cuando la economía de muchas familias comenzaba a recuperarse, el coronavirus ha hecho saltar por los aires las expectativas de futuro. Ahora, encaminados hacia otra recesión, con el desempleo disparado y una plaga de incógnitas sobre el horizonte de sectores como el turístico, que aporta cerca del 15 por ciento de la riqueza que genera el país, dato que se incrementa en la Costa del Sol, las asociaciones sin ánimo de lucro trabajan para dar la respuesta más inmediata a la emergencia social. Desbordadas, estas organizaciones han multiplicado sus intervenciones en las últimas semanas, una atención posible por el aumento del número de voluntarios y empresas que colaboran de forma altruista.

En Cruz Roja, donde las peticiones de ayuda se han triplicado desde el inicio de la pandemia, han movilizado a más de 1.200 voluntarios. Los gastos de la asociación, que entrega lotes de alimentos y tarjetas canjeables en tiendas con artículos de primera necesidad, superan los 1,2 millones de euros. La colaboración privada ha resultado fundamental para reaccionar ante este crecimiento imprevisto de solicitudes; empresas como Mercadona, Carrefour, Metro de Málaga, Acosol, Unicaja, Hidralia, Maskom, Cervezas Victoria, El Corte Inglés y Cajamar se han volcado con los proyectos de atención social. Algo similar ocurre con Cáritas, donde pueden abastecer de alimentos a quienes lo necesitan por las donaciones de sus socios y el compromiso del sector privado, que alivia los retrasos que sufren las subvenciones tramitadas por las diferentes administraciones.

En la Fundación Harena, que centra su trabajo en las personas mayores, también han notado un repunte de voluntarios, en sintonía con el incremento del número de ancianos que necesitan compañía telefónica y atención básica. Más de 60.000 personas mayores viven solas en la provincia de Málaga y el 70 por ciento son mujeres. También los comedores sociales reciben ayuda de particulares y empresas, muchas de ellas pequeños negocios locales que contribuyen como pueden.

Las asociaciones detectan tres grandes grupos de solicitantes de ayudas. En primer lugar están quienes proceden de lo que llaman «pobreza cronificada», personas que llevan meses e incluso años en una espiral de desempleo y falta de recursos. En segundo lugar apuntan a la llegada de familias que tuvieron que recurrir a los servicios sociales por la crisis de 2008 y que, aunque habían mejorado su situación laboral y económica, ahora están volviendo a pedir. Y por último, estas organizaciones se encuentran con trabajadores, sobre todo vinculados al sector servicios, que nunca habían solicitado comida ni productos básicos pero a quienes sus empleos, generalmente precarios, no les ofrecían la posibilidad de ahorrar, de modo que no pueden afrontar una temporada larga sin ingresos pero con gastos. Porque en plena pandemia ha aumentado el precio de productos básicos como legumbres y hortalizas frescas, pescado y patatas.

Aunque hasta ahora han atendido necesidades inmediatas, las asociaciones advierten de que la crisis provocada por el coronavirus se agravará mientras siga destruyéndose empleo. Con todos los indicadores dibujando un desplome de actividad sin precedentes, la pregunta que acecha a muchas familias, cómo llegar a final de mes, no parece que tenga una respuesta clara. Al menos en 2021.