De la Torre: «No me doy por aludido; no hay corrupción ni imputación formal»

El alcalde insistía en no sentirse vinculado por el hecho de que Pomares, Porras y Cardador hayan pasado a tener la condición de investigados (antes imputados), a pesar de que Juan Cassá le recordaba que aquella exigencia de la destitución fue aceptada por el PP en un documento previo al pacto de investidura. En aquel texto se recoge explícitamente el compromiso de «separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial». El documento, en el que intervinieron el propio Cassá, Elías Bendodo y María Gámez antes de negociar el pacto de investidura, aceptaba ese punto aunque ahora el desencuentro entre De la Torre y Cassá es en torno a la interpretación de la terminología jurídica: mientras Ciudadanos defiende que el momento procesal para que los imputados sean apartados de sus cargos está fijado en la apertura de diligencias previas, el alcalde sostiene que tiene que haber una «imputación formal» (apertura de juicio oral), y que además en este caso «no hay corrupción política». Así lo defendió en el último pleno municipal en el que llegó a preguntarse qué ocurriría si el juez «sobresee la causa». En este escenario, el primer edil volvió a exigir «el necesario respeto a la presunción de inocencia y a la defensa de los derechos constitucionales de todos, sean concejales o ciudadanos». Por eso recalcó en relación con el ultimatum de Cassá: «No me doy por aludido».