Los cómplices de Trump en la conspiración

Abogados de la órbita conspiratoria republicana, el tipo de 'arregladores' de los que siempre se ha valido Trump, oportunistas en busca de dinero y prominencia en los aledaños del poder y sin apego alguno por las reglas democráticas se encargaron de llevar a cabo el plan 'b' del expresidente norteamericano. El impecable documento de 45 páginas de la imputación contra el político elaborado por el fiscal especial Jack Smith nombra a seis cómplices de la trama de diseminación de información falsa y de actuaciones dirigidas a «perjudicar, obstruir y anular» los resultados de las elecciones de 2020, incluidos los actos de presión a legisladores republicanos en los Estados que ganó Joe Biden.

El astuto informe de acusación no revela sus nombres –aunque no es difícil deducir su identidad de las descripciones que realiza de ellos— por dos razones fundamentales. La principal es que el fiscal especial busca enjuiciar al expresidente primero y, de forma expeditiva, a sus cómplices. La segunda responde a su fina estrategia de ajedrez ya que Smith guarda con cautela sus movimientos a la espera de tomar decisiones sobre futuras imputaciones contra esos co-conspiradores en función de su cooperación como testigos en el juicio contra el expresidente y de sus actuaciones dentro y fuera del tribunal.

Todo sugiere que antes o después habrá más acusaciones y que no se limitarán ni englobarán a todos los cómplices mencionados en el documento. De ese texto se desprende que algunos de ellos, y otros no incluidos en el informe, han colaborado con las pesquisas que han dado lugar a la lectura de cuatro cargos federales (fraude y engaño, boicot al Congreso, conspiración contra el derecho al voto e intento de obstruir la certificación de las papeletas) a Trump. Es tal la elegancia legal del informe que se intuye que el fiscal especial tiene todos los ases en su mano. No habría imputado al expresidente para perder el caso.

La descripción del co-conspirador número uno, ya confirmada por fuentes cercanas a la investigación, dibuja al abogado personal del político republicano y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. En privado, señala el documento, reconoció no tener pruebas de sus afirmaciones, una prevaricación flagrante. «No tenemos la evidencia, pero tenemos muchas teorías», comentó a un legislador de Arizona que exigió que le demostrara la existencia de votos ilegales en ese estado en el otoño de 2020.

Giuliani siempre ha manejado teorías en abundancia. En una de ellas, el abogado caído en desgracia aseguraba que en el estado de Pensilvania se habían contabilizado más votos por correo de los efectuados en realidad. Una afirmación refutada por un miembro de la campaña del propio Trump en un e-mail interno como «simplemente incorrecta», sin «forma de defender», recoge el documento de la acusación. El antiguo regidor de Nueva York, que aprovechó el 11-S para presentarse como un 'héroe', ha llevado desde entonces una carrera en la infamia difícil de exagerar. Esta misma semana tachaba de «ominosa» la imputación múltiple contra el expresidente tras haber testificado contra él durante la investigación para salvar su propia piel.

Antes, la pasada semana, Giuliani reconoció por fin haber mentido sobre la acusación de fraude electoral a dos humildes funcionarias electorales afroamericanas de Georgia, cuyas vidas arruinó para siempre tras sufrir una persecución implacable por los fanáticos extremistas. Pero la mano de la justicia alcanza ya a este letrado que enfrenta una avalancha de demandas penales y civiles presentes y futuras.

El documento de la imputación describe al co-conspirador número dos como un abogado «que ideó e intentó implementar una estrategia» para que el entonces vicepresidente, Mike Pence, que sólo sustenta un mero papel ceremonial en la supervisión de la certificación electoral en el Congreso, «obstruyera» ese proceso. Claramente se trata de John Eastman, el autor intelectual de la trama de un golpe que incluía la creación de listas alternativas de electores falsos (en realidad, compromisarios) a favor de Trump en los estados donde venció Biden.

El descarrilado abogado republicano afirmó falsamente también que Trump perdió Georgia, en parte, porque 66.000 menores de edad y 2.500 delincuentes condenados habían votado allí en 2020. Sus afirmaciones fueron la base de una demanda para anular los resultados en ese estado. El mismo Eastman asumió en un correo haber sido informado por expertos de que sus declaraciones eran «inexactas». El informe del fiscal especial habla, en este caso, de prevaricación. La defensa de este letrado informó esta semana de que su cliente no está envuelto en pactos de cooperación con la Fiscalía ni lo estará en el futuro y que, de haber una imputación, está preparado para enfrentarse a juicio.

El retrato del co-conspirador número tres corresponde a Sydney Powell, la ex fiscal federal autora de las teorías más delirantes sobre el fraude electoral que Trump «aceptó y amplificó públicamente», a pesar de haber reconocido en privado que sonaban «locas», señala textualmente el texto de la imputación. De nuevo, prevaricación. Powell –parte del grupo de los llamados abogados 'Quack', es decir, charlatanes– llegó al Comité Nacional Republicano después de las elecciones de 2020 con ideas conspiratoras como las acusaciones contra Venezuela de infiltrar máquinas de voto 'comunistas' manipuladas para beneficiar a Biden. Tras una rueda de prensa en la que aireó las descarriladas versiones sobre el fraude electoral, la campaña de Trump se distanció de ella, pero no el expresidente.

En una ya famosa reunión en la Casa Blanca en diciembre de 2020, Powell llegó a sugerir enviar al ejército a confiscar máquinas de voto (algo absolutamente ilegal) y Trump consideró nombrarla consejera especial para dirigir la investigación en torno a las elecciones. Después de lo ocurrido el 6 de enero de 2021, con el Capitolio tomado por seguidores del expresidente, la antigua fiscal federal continuó con la farsa de la búsqueda de esa maquinaria fraudulenta así como con la recaudación de fondos.

Desde entonces, Powell ha sido sancionada por mala conducta y demandada repetidamente por difamación. En su testimonio ante la comisión del 6 de enero señaló que ni leyó ni revisó todas las afirmaciones que hizo sobre el fraude electoral y, a través de su abogado, defendió que «ninguna persona razonable» aceptaría sus afirmaciones como un hecho real. Recientemente dijo creer que sus declaraciones sobre el robo de los comicios de 2020 serían ciertas algún día.

El co-conspirador número cuatro es con claridad Jeffrey Clark, un subalterno del Departamento de Justicia con ambiciones de poder que pidió una reunión con el expresidente con un plan bajo el brazo, que materializaba los deseos de Trump de usar a ese área para iniciar investigaciones de delitos electorales falsos en el país. La trama terminó con el famoso plante del 3 de enero de 2021 en el que el fiscal general en funciones, Jeffrey Rosen –el anterior había sido cesado por negarse a colaborar en la conspiración–, amenazó con una dimisión en masa de toda la cúpula ejecutiva judicial, junto a algunos abogados de la Casa Blanca, si el político republicano intentaba reemplazarle.

El documento de la imputación detalla cómo un abogado adjunto de la Casa Blanca advirtió de que, si Trump se negaba a dejar el cargo, habría «disturbios en todas las ciudades importantes de Estados Unidos». La respuesta de Clark fue que «por eso hay una Ley de Insurrección», lo que revela que el recurso a la violencia era una parte fundamental del plan del expresidente para aferrarse al poder.

El abogado Kenneth Chesebro, el arquitecto fundamental del esquema de los electores falsos utilizado por Trump y sus aliados para obstruir el proceso de certificación de las papeletas, es el co-conspirador número cinco. Fue quien sugirió la creación de esas listas sin la firma del gobernador del estado correspondiente que podrían ser reconocidas por los representantes republicanos en el Congreso el 6 de enero de 2021 para impedir el visto bueno a la victoria de Biden.

El letrado compartió esta estrategia, primero, con un amigo miembro de la campaña del expresidente en Wisconsin antes de contactar con Eastman, Giuliani y el asesor de Trump Boris Epshteyn para coordinar el plan que ahora está en el punto de mira.

No está claro todavía quién es el co-coconspirador número seis aunque todo apunta a que podría tratarse, precisamente, del abogado Boris Epshteyn, descrito en el documento del fiscal general como un «asesor político» de Trump involucrado tanto en la trama de los electores falsos como en la interrupción de la certificación electoral por parte del Congreso. Aunque la lista de cómplices que aparece en el documento de imputación no incluye a todos, destaca la ausencia del exjefe de gabinete del expresidente, Mark Meadows, central en la trama del intento de golpe en varios roles y presente en la mayoría de los momentos clave.

También está ausente de ese listado el 'cuñadísimo' de Trump, Jared Kushner, inseparable del expresidente y secretario para todo, de quien se sospecha que ha colaborado en la investigación de la acusación. No obstante, todo indica que llegarán más sorpresas en el futuro, pero habrá que esperar a que Smith muestre todos sus ases.