Rechazo en bloque al uso de la cárcel de Archidona como CIE al considerarlo ilegal

El propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, fue el encargado ayer de explicar los motivos que han llevado al Gobierno a adoptar esta medida. Tal y como viene informando este periódico, los CIE están repletos ante el aumento de la presión migratoria, que sólo en este año se ha incrementado en toda España en un 190 por ciento respecto a 2016. Zoido indicó que «la llegada masiva de inmigrantes» registrada en las últimas semanas en las costas del país «ha colapsado el sistema» y ha obligado a enviar a 500 inmigrantes rescatados en el levante español a las instalaciones de la cárcel de Archidona.

Y es que una vez que los inmigrantes son rescatados en alta mar y trasladados al país, en circunstancias normales la policía trataría de identificarlos y, ante la imposibilidad de hacerlo porque no llevan documentación, le pediría al juez el internamiento durante un periodo de 40 a 60 días, plazo en el que las autoridades españolas se ponen en contacto con las del supuesto país de origen para verificar la identidad. Si pasado el citado periodo la persona es identificada y hay acuerdo para la devolución, ésta se llevaría a cabo, aunque si el resultado es el contrario, pasados esos 60 días, quedaría en libertad. Además, ese internamiento nunca podría ser en un centro penitenciario.

Al respecto, el ministro insistió ayer en que el nuevo centro penitenciario de Málaga aún no ha entrado en funcionamiento y que por lo tanto «todavía no es» una cárcel. «Se ha construido para ello pero no ha empezado a funcionar y no tiene las condiciones ni el régimen, ni el personal de instituciones penitenciarias», apuntó. Además, desde el Gobierno recordaron que el internamiento de los inmigrantes en el centro de Archidona viene respaldado por la decisión de hasta siete jueces, que han emitido sus respectivos autos para ello.

Zoido aseveró que los inmigrantes trasladados a Archidona «están igual que en los CIE» y añadió que se ha tomado esta decisión para evitar tener que alojarlos «en campamentos como se ha visto en otros países». Asimismo, admitió la necesidad de «cortar el efecto llamada» con la devolución de los inmigrantes, «ahora que está cundiendo nuevamente que Europa está saliendo de la crisis».

Aunque la Diputación Provincial aprobó en abril una moción para impedir la apertura de un CIE en Málaga, sumando los votos a favor de todos los grupos políticos, ayer decidió no pronunciarse al respecto de la medida adoptada por Interior, al alegar tener «pocas competencias en el asunto». Por su parte, aunque dijo entender el carácter «urgente» de la iniciativa del Gobierno, la diputada en el Congreso de Ciudadanos Irene Rivera explicó que su grupo presentará una pregunta al Gobierno, para conocer cuáles serán los detalles de la «solución estable» que plantean activar.

Sin embargo, el resto de los diferentes partidos políticos, sindicatos y numerosas organizaciones mostraron su rechazo a esta medida del Gobierno. Desde el PSOE calificaron de ilegal la decisión de recluir al medio millar de inmigrantes en la cárcel de Archidona y recordaron que las personas que llegan a España en pateras «no son delincuentes y no merecen ser recluidas en un centro penitenciario». Por ello, consideraron como una «auténtica barbaridad» esta iniciativa y aseguraron que «vulnera derechos fundamentales».

Desde Bruselas, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, también criticó la medida. Pidió al Gobierno que «se ponga las pilas» y hable con aquellos países que en origen son capaces de detener la situación que se está produciendo: «Al mismo tiempo, tiene que actuar ya –en destino– de otra manera porque no es de recibo que los emigrantes que llegan a nuestras costas se metan en una cárcel, aunque esté en desuso». La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero –PSOE–, instó al Gobierno a «cumplir la legislación vigente en materia de internamiento de extranjeros», y recordó que se trata de un centro penitenciario aunque no esté inaugurado. No obstante, la regidora dijo confiar en la Secretaría de Estado para la Seguridad, desde donde se pusieron en contacto con ella el pasado domingo para informarle sobre los movimientos de los inmigrantes. «Me aseguraron que estarán un máximo de 40 días», dijo.

La diputada de IU dentro de Unidos Podemos Eva García Sempere aseveró que la decisión del Gobierno es «un atentado contra la dignidad de las personas». Recordó que estas personas carecen de documentación requerida para entrar en el país, «lo que es una irregularidad administrativa, no un delito», y añadió que la ley «prohíbe su internamiento en un centro que tenga carácter penitenciario».

Se trata de un argumento que defendieron numerosas organizaciones, como son las sindicales. Desde UGT, CCOO y ACAIP criticaron la decisión. El presidente de esta última organización –sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones– José Luis Pascual, anunció que, si el Ministerio de Interior no da marcha atrás y resuelve la situación en menos de 24 horas, «el sindicato acometerá acciones legales».

La Abogacía Española también manifestó su «más absoluta condena» a la medida del Gobierno y exigió el «inmediato traslado a un centro no penitenciario de los extranjeros internados». La entidad recordó que los CIE son «establecimientos públicos de carácter no penitenciario en los que se tienen que salvaguardar los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria».

De hecho, los abogados que asisten a estos inmigrantes utilizarán este argumento para presentar los recursos contra la orden judicial que decretó su internamiento. «La ley es muy clara y, aunque sea una situación excepcional, no pueden estar en un centro penitenciario», señaló la letrada Cristina Ríos.

También están estudiando recurrir a la vía judicial una veintena de organizaciones sociales ante la práctica «absolutamente ilegal» del internamiento en la cárcel de Archidona de los inmigrantes. Manifestaron que es «un hecho de una gravedad sin precedentes», refiriéndose a que la ley «impide» que los CIE tengan «carácter penitenciario», por lo que anunciaron que van a presentar una queja al Defensor del Pueblo. Precisamente, esta organización se pronunció ayer sobre lo ocurrido. El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, mostró su «preocupación y sorpresa» por la decisión del Ministerio del Interior, algo «prohibido» por la legislación española.