«¡Libertad!» desde las rejas de la prisión de Archidona

Mantas, camisetas y brazos desnudos, todo valía para hacerse ver desde dentro de la cárcel de Archidona. Los primeros inmigrantes internados en el centro penitenciario Málaga II gritaban «¡libertad, libertad!» y «¡dimisión, dimisión!» desde las rejas de las ventanas de las celdas donde habían pasado su primera noche –del lunes al martes– en suelo malagueño. Lo hicieron para llamar la atención de los numerosos medios de comunicación congregados en el exterior del recinto. El uso de la prisión como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) ha despertado numerosas críticas desde diferentes organizaciones, centradas en cuestionar la legalidad de la medida y si el trato que están recibiendo las personas es humanitario. Al respecto, el Ministerio de Interior aseguró a este periódico estar tomando todas las medidas necesarias para que la estancia sea apropiada.

Prepararon un kit de aseo para entregarlo a los recién ingresados, que han ido llegando en grupos. Además, Interior prevé habilitar el servicio de lavandería y explicó que ayer ya se habían adquirido más de 2.000 raciones de comida traída del exterior, a la espera de que se active el servicio de cocina. En cuanto a la atención sanitaria, la enfermería del centro ha sido ocupada por dos médicos y dos asistentes, y se espera que Cruz Roja –ONG encargada de asistir a los inmigrantes de forma habitual–, proporcione un médico y dos ATS más.

En cuanto al personal, el Gobierno anunció que espera la llegada de trece voluntarios más, que se dedicarán a la atención social de los internos. A su vez, el Ministerio de Interior ha creado 52 vacantes temporales de Policía Nacional para que se hagan cargo de la custodia del centro –cuarenta agentes, diez subinspectores, un inspector y un inspector jefe–. Al respecto, Acaip, el sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones, dijo que este cuerpo «nunca entra en prisión salvo casos de extrema gravedad» (las prisiones son custodiadas por Instituciones Penitenciarias y la Guardia Civil, mientras que los CIE son vigilados por la Policía Nacional).

Uno de los principales problemas del centro, razón por la que no se ha abierto en los últimos meses, es la falta de abastecimiento de agua potable en el recinto. Interior decidió construir una planta potabilizadora para tratar el flujo de un pozo cercano, obras que, aunque ya están terminadas, no han sido recepcionadas en el Ayuntamiento, por lo que, según la regidora, no están permitiendo que salga agua potable por los grifos.

Al respecto, fuentes del Gobierno explicaron a SUR que de momento se está introduciendo agua embotellada para el consumo, y que el que sale de las duchas es «apta» para la higiene. Además, aseguraron estar a la espera de que la planta potabilizadora entre en funcionamiento, algo que podría ocurrir en los próximos días si se cumplen las previsiones que barajan desde el Ministerio.

Pese a todas las medidas aportadas por Interior, las críticas generalizadas ante la decisión ministerial dejan claro que no hay médicos ni servicios de lavandería que eliminen los barrotes: «En ninguna crisis humanitaria se utilizan las cárceles como puntos de acogida», dijeron desde Acaip.