Interior afirma que el traslado de inmigrantes a Archidona no durará más de 40 días

No obstante, la regidora ha dicho confiar en la Secretaría de Estado para la Seguridad, desde donde se pusieron en contacto con ella el pasado domingo para informarle sobre los movimientos de los inmigrantes. “Me aseguraron que estarán un máximo de 40 días y que la cárcel se inaugurará el mes de enero como ya habían anunciado”.

La cárcel aún por inaugurar acoge ya a un total de 497 migrantes llegados este fin de semana a las costas de Murcia, que han recibido kits de higiene personal y contarán con servicio de intérprete y asistencia sanitaria. Según fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press, se prevé que a medida que los siete juzgados de Murcia que están tomando declaración a los recién llegados vayan dando trámite a sus expedientes, la cifra de personas internadas en estas instalaciones se incremente.

De momento, se ha abastecido el centro con 2.000 raciones de comida y se está proporcionando a los internos agua embotellada para "evitar problemas" mientras se repasa la red para "limpiar el cloro residual". No obstante, las mismas fuentes insisten en que el agua "es salubre", se está usando para aseo personal y podría beberse, pero se ofrece en botellas como medida de prevención mientras se termina de acondicionar la red.

Interior prevé que al cabo de este martes los internos cuenten ya con dos médicos y dos ATS, dotación que se incrementará "en los próximos días" con otro facultativo más y otros "dos o tres" auxiliares que aportará Cruz Roja, entidad que también enviará a este centro a 13 personas que proporcionarán "asistencia social humanitaria" y que se incorporarán "paulatinamente".

En el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido no precisan los plazos de internamiento que manejan para estas personas ni si su repatriación, en caso de producirse, tendrá lugar desde Archidona, pero inciden en que esta medida se ha adoptado con respaldo judicial y carácter excepcional ante la saturación de los siete centros de internamiento de extranjeros que operan en toda España.

Precisamente esto es lo que ha suscitado las críticas del PSOE, Unidos Podemos y de organizaciones sociales como el Servicio Jesuita a Migrantes o CEAR, pues la legislación española establece que los migrantes que son retenidos para ser expulsados deben permanecer en instalaciones policiales que no tengan carácter penitenciario y el centro de Archidona, aunque aún no ha sido inaugurado como tal, se ha construido para ser una prisión.

La nueva prisión de Archidona, construida en 2013, ha acumulado numerosos retrasos en su fecha de apertura. El último, en este verano, donde los responsables de Interior aplazaron la inauguración a finales de este año o principios del siguiente por las dificultades para garantizar el suministro de agua potable. Al respecto, la alcaldesa ha comentado que, aunque le consta que las obras que el ministerio acometió para solucionar el problema ya han concluido, “no se han recepcionado en el Ayuntamiento”, por lo que, de momento, no hay agua corriente en el centro a cuenta del Consistorio, aunque ha reconocido desconocer si el Estado está garantizando el suministro por otras vías. Este punto ha sido subrayado por el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Archidona, Miguel Cebrián, que ha señalado que el Consistorio no ha recibido noticias a respecto, por lo que entiende que faltan permisos.

Interior aseguró ayer que el centro penitenciario está completamente terminado y dispone de las garantías humanitarias suficientes para acoger a los inmigrantes.

Por su parte, la Oficina del Defensor del Pueblo ha asegurado que está "vigilante" ante la situación de las 497 personas que tras llegar en pateras a las costas de Murcia han sido trasladadas a la cárcel aún por inaugurar de Archidona. Según fuentes consultadas en la Institución por Europa Press, ya han comenzado a recibir las primeras quejas sobre este asunto, por lo que obrará como es habitual, dándoles trámite.

Desde la institución que encabeza en funciones Francisco Marugán inciden en que estarán "sobre el tema" y "vigilantes para que se garanticen los derechos de estas personas" internadas.

En la misma línea, el presidente de Acaip, (sindicato mayoritario de funcionarios de prisiones de España, también en Málaga), José Luis Pascual, ha señalado esta mañana lo irregular de las medidas adoptadas por el Gobierno Central con respecto a los inmigrantes argelinos llegados a las costas del Levante. Siete jueces autorizaron ayer el uso del todavía sin estrenar Centro Penitenciario Málaga II como un Centro de Internamiento de Extranjeros, un movimiento "nada habitual", según ha remarcado Pascual frente a las instalaciones. Ha indicado que, si el Ministerio de interior no da marcha atrás y resuelve la situación en menos de 24 horas, "el sindicato acometerá acciones legales".

La Abogacía Española también ha manifestado su "más absoluta condena" por el ingreso en el Centro Penitenciario de Archidona y ha exigido su "inmediato traslado a un centro no penitenciario de los extranjeros internados". En un comunicado, la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía ha informado de que ha pedido explicaciones a Interior. Además, ha recordado que los centros de internamiento de extranjeros (CIEs) son "establecimientos públicos de carácter no penitenciario en los que se tiene que salvaguardar los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria".

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, ha considerado que la manera de proceder ante la llegada de inmigrantes en pateras, utilizando la cárcel de la localidad malagueña de Archidona para albergarlos, "ha sido la más adecuada posible dentro del escenario que teníamos delante", en el que unas 1.000 personas han sido rescatadas en las últimas horas en las costas españolas.

En declaraciones a los periodistas, Briones ha defendido esta medida para que la atención "desde el punto de vista médico y de asesoramiento jurídico esté lo más concentrada posible y sea operativa" y ha recordado que la decisión "no es unilateral del Gobierno de la nación, sino que está avalada y respaldada por siete juzgados que han decretado el ingreso en este establecimiento y, por tanto, es una cuestión que tiene toda las garantías jurídicas".

Ha subrayado que "de manera absolutamente temporal y excepcional se está utilizando como lugar que albergue a los inmigrantes", incidiendo en que "lo más razonable es entenderlo como un lugar adecuado y que responde a esa necesidad que se ha impuesto de manera muy inminente y donde la capacidad de reacción ha sido muy rápida".