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El Centro Penitenciario Málaga II, ubicado en Archidona y que todavía no está en funcionamiento, se convirtió ayer en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) provisional, donde el Estado ubicó a más de 500 inmigrantes llegados en patera durante las últimas oleadas que ... han saturado el Levante español este fin de semana. Según informó el Ministerio de Interior, la decisión fue tomada por siete jueces de siete salas diferentes de la región de Murcia, como una medida «excepcional y puntual» llamada a responder frente a una situación «muy especial», como es el desembarco de más de medio millar de personas a las costas de la Comunidad.
Así, ayer fueron llegando de forma escalonada múltiples autobuses a las instalaciones sin estrenar, donde hubo movimiento durante todo el día, sobre todo por parte de la Policía Nacional. Varios agentes escoltaron el acceso al centro, donde también había altos mandos del cuerpo coordinando el operativo de recepción de los inmigrantes.
Desde que se dio a conocer la medida, fuentes de Interior subrayaron el carácter temporal de la misma, aunque no pudieron precisar dónde dormirán los inmigrantes –en las celdas o en las zonas comunes y las habitaciones cuádruples, a las que hicieron referencia en un comunicado–, ni si se les ha informado de las condiciones de su poco habitual traslado.
La asociación Málaga Acoge, entidad que lleva más de 25 años trabajando por los derechos de los inmigrantes en la ciudad, mostró ayer su rechazo al traslado a la prisión de Archidona de más de 500 personas llegadas en patera a las costas de Cartagena. Su presidenta, Arantxa Triguero, explicó en declaraciones a SUR que esta medida adoptada por el Gobierno supone «una privación de la libertad de las personas». Recordó que la ley prohíbe que los internamientos de extranjeros tengan naturaleza de reclusión, por lo que considera que la decisión «vulnera por completo el marco legal».
La presidenta se refería a la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, que impide que la estancia transitoria de inmigrantes sobre los que pesa una orden de expulsión tengan lugar en centros con carácter penitenciario. «La cárcel de Archidona lo tiene», dijo. A su vez, matizó que, por más que la situación sea excepcional y eventual, como subrayó el Ministerio de Interior, «no se puede meter a nadie en la cárcel sin garantías provisionales», ya que «se produce una privación de libertad ilegítima en un lugar no habilitado para ello».
La organización emitió un comunicado denunciando los hechos en el que los tacharon de «vulneración de derechos fundamentales». A su vez, la presidenta anunció que desde la asociación estudiarán el caso y elevarán un escrito al defensor del pueblo.
El Ayuntamiento de Málaga rechazó el pasado mes de abril la creación de un nuevo centro de internamiento de extranjeros tras el cierre del que estaba ubicado en Capuchinos, en el año 2012. Estas instalaciones estuvieron abiertas durante más de 20 años, y fueron clausuradas por la presión ejercida por numerosas organizaciones, Málaga Acoge entre ellas.
Este argumento fue el que utilizó el Consistorio para rechazar la creación del nuevo centro, propuesto por el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. Todos los grupos municipales se unieron en contra de la propuesta y desde la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga, que reúne a una veintena de organizaciones sociales, se refirieron a la medida como «histórica». Ahora, el trasladoprovisional rompe la consigna «Málaga libre de CIE».
Según las mismas fuentes, los internos serán atendidos por distintas organizaciones no gubernamentales, «principalmente por Cruz Roja», precisaron. Por su parte, un portavoz de Cruz Roja Málaga matizó que la coordinación entre el Gobierno y la entidad se está llevando a cabo en Madrid, y que hasta hoy no se conocerán los detalles del «excepcional» procedimiento, aunque se prevé que sea similar al del resto de centros de internamiento para inmigrantes.
El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, explicó ayer en declaraciones a Europa Press que la llegada masiva de pateras responde al «efecto llamada» que tuvo la puesta en libertad de un grupo de inmigrantes llegados a Cartagena hace tres semanas. «Todos los servicios de inteligencia y de información del Estado coinciden en que lo que pasó es lo que ha motivado el intento de este fin de semana», prosiguió, explicando que la situación requería que el Estado de Derecho actuara para evitar que la localidad murciana se convirtiera en un «puerto franco de entrada a España y a la Unión Europea».
Llegada masiva. El pasado fin de semana, la costa de Murcia recibió más de cien pateras con inmigrantes provenientes de varios puntos de África.
CIE provisional. Siete jueces autorizan el traslado de más de 500 inmigrantes a la cárcel de Archidona para darles acogida temporal como medida excepcional
ONG. Cruz Roja será la encargada de gestionar la estancia de los inmigrantes como siempre hace en estas situaciones.
Bernabé explicó que la cárcel de Archidona hará las veces de un «CIE provisional» ya que el equipamiento con el que cuenta el centro permite proceder igual que en los puntos de acogida. «Todo está perfectamente habilitado, todo ha sido supervisado por las autoridades del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia», subrayó.
El Centro Penitenciario, hasta ahora vacío, fue terminado en 2013, aunque permanece cerrado tras encadenar varios retrasos en la fecha de apertura. El último contratiempo fue la falta de abastecimiento de agua potable, un problema para el que Interior lleva un tiempo construyendo un sistema de tratamiento del agua de un pozo en los terrenos de la prisión.
Por lo demás, la prisión está totalmente finalizada, aunque ayer se pudo ver entrar y salir a varios vehículos de mantenimiento. Interior hizo hincapié en la existencia de enfermería y zonas deportivas, donde podrán atender «con las debidas condiciones humanitarias a los inmigrantes atendidos en los últimos días en Cartagena». También remarcaron que la calefacción del edificio está en funcionamiento, así como las duchas y el agua caliente, aunque no ha trascendido si el agua que emplearán es del pozo o será transportada.
Esta operación coincidió con el anuncio que hizo el PSOE sobre un nuevo toque de atención al Gobierno por los retrasos en la apertura del Centro Penitenciario Málaga II. Según explicaron desde la formación, el diputado Miguel Ángel Heredia va a registrar una pregunta oral en el Congreso dirigida al Ministerio de Interior para conocer los motivos de los últimos cambios de fecha. Heredia hizo referencia a los «más de cuatro años» de retrasos que acumula el centro.
La alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero, explicó ayer a SUR que desde la Secretaría de Estado le aseguraron que el internamiento de los inmigrantes no superará los cuarenta días y que «no retrasará la inauguración», programada para el próximo mes de enero. La regidora se reunió ayer por la tarde con el equipo de Gobierno para evaluar la situación y hoy hará una declaración oficial al respecto. No obstante, adelantó a este periódico que «la cárcel es propiedad del Estado», por lo que son libres «de hacer lo que crean conveniente».
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