Subsidio para mayores de 52 años y régimen matrimonial: ¿mejor en gananciales o en separación de bienes?

Pero, ¿qué ocurre si está casado en régimen de gananciales? En este caso, de todo lo que posee el cónyuge (no el solicitante o beneficiario del subsidio) sí hay que tener en cuenta los rendimientos de sus bienes. Por ejemplo, en caso de que ese cónyuge tuviera dos pisos recibidos en una herencia y, por tanto, de uso privativo (sólo son suyos), pero los tuviera arrendados, entonces por esos rendimientos económicos sí se les imputaría un 50% a cada miembro de la pareja. Puede ocurrir también con el rendimiento que arroja el dinero que pueda tener ese cónyuge o cualquier otro patrimonio del que se derive una ganancia. Así pues, si en total se eleva a 1.900 euros al mes, habría que repartirlo al 50% (950 para cada uno), de forma que si el tope de rentas individual es de 850,50 euros mensuales en el subsidio para mayores de 52 años, entonces se le denegaría por superarlo.

En caso de haber comprado el inmueble una vez casados en régimen de gananciales, el resultado sería el mismo, ya que a cada uno se le imputaría el 50% de los rendimientos de los bienes del otro.

Pero, ¿y si el matrimonio están en régimen de separación de bienes? En este caso, los rendimientos del cónyuge sólo se le imputarían a él y por tanto en el supuesto anterior, el solicitante sí reuniría el requisito de carencia de rentas.

No obstante, pudiera ocurrir en caso del régimen de gananciales que el perceptor del subsidio para mayores de 52 años saliese beneficiado, ya que si el otro cónyuge tuviera un solo piso alquilado y generara unos ingresos al matrimonio de 1.400 euros, se le atribuiría a cada uno 700, con lo cual no rebasaría los 850,50 euros mensuales exigidoa como carencia de rentas y el desempleado sí podría cobrar el subsidio.

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Susana Zamora

En este sentido, desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recuerdan la importancia de que el perceptor comunique cualquier cambio en sus ingresos si no quiere exponerse a una sanción. Precisamente, todos ellos están obligados a presentar una declaración anual de rentas (diferente a la declaración de la Renta de la Agencia Tributaria) tanto si han variado sus ingresos como si no han sufrido cambios. La finalidad de este procedimiento es comprobar que el beneficiario de esta ayuda no ha superado el 75% del salario mínimo en el último año, que es requisito imprescindible para seguir cobrándola. «La falta de aportación de la declaración en el plazo señalado implicará la interrupción del pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social», subrayan. Asimismo, la aportación de la declaración fuera del plazo señalado «implicará, en su caso, la reanudación del devengo del derecho con efectos de la fecha en que se aporte dicha declaración», aclaran desde el SEPE.