Los convenios colectivos autonómicos prevalecerán sobre los estatales: los asuntos que se quedan fuera

El Gobierno aprobó la pasada semana en el Real Decreto-ley que reforma los subsidios por desempleo que los convenios autonómicos tengan prioridad a la hora de aplicarse sobre los estatales y sectoriales. Eso significa que, en el ámbito de una comunidad autónoma, los sindicatos y las asociaciones empresariales —que reúnan los requisitos de legitimación de los artículos 87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores—, podrán negociar convenios colectivos y acuerdos interprofesionales en la región que tendrán prioridad aplicativa sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo de ámbito estatal, «(...) siempre que dichos convenios y acuerdos obtengan el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación y su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras que la fijada en los convenios o acuerdos estatales».

No obstante, y aunque su fecha de entrada en vigor fue el 23 de mayo, la nueva norma tendrá que ser convalidada por el Congreso de los Diputados dentro de los 30 días siguientes a su promulgación.

No es la primera vez que este asunto vuelve a estar sobre la mesa. Acordado en el pacto de investidura del PNV y el PSOE de diciembre de 2023 y en vigor hasta que el pasado 10 de enero, decayó en la primera reforma del subsidio por desempleo que lo incluía, ya que fue tumbada el pasado mes de enero en el Congreso de los Diputados por los votos en contra de Podemos, PP, Vox y UPN.

Esta prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales y estatales estará condicionada a que su aplicación resulte más favorable para los trabajadores que la fijada en los acuerdos estatales y a que obtenga el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora.

La misma prioridad aplicativa tendrán los convenios colectivos provinciales cuando así se prevea en los acuerdos interprofesionales de ámbito autonómico y siempre que su regulación resulte más favorable para los trabajadores que la establecida en los convenios estatales.

No obstante, se considerarán materias no negociables en ambos ámbitos (el autonómico y el provincial): el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica.

Este asunto se trata de una medida que se excluyó de la reforma laboral de 2021, pero quedó incluida en el acuerdo que los nacionalistas alcanzaron con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Ahora, la ministra de Trabajo ha recordado que no es algo novedoso que se haya incluido la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectores en la reforma del subsidio porque ya figuraba como tal en la reforma que tumbó el Congreso.

Asimismo, ha defendido que esta prevalencia ya estaba contemplada en la legislación laboral desde el año 94, y ha señalado que «el espíritu» de la modificación realizada es el de la reforma laboral, pues sólo se va a aplicar el convenio colectivo de carácter autonómico o de la naturaleza que fuere, «siempre que sus formulaciones sean más favorables para el trabajador».

En su día, cuando se aprobó en la primera reforma del subsidio por desempleo, la que tumbó el Congreso, CCOO, UGT y las organizaciones empresariales expresaron su rechazo a esta medida.

Las patronales lanzaron un duro comunicado advirtiendo de que, en la práctica, esta medida «atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional» y va en dirección contraria a los esfuerzos que, a nivel europeo, se están desarrollando para reforzar la unidad de mercado como elemento fundamental de competitividad.

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