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La cuestión de fondo en el desalojo de La Invisible ya tiene sentencia. El recurso contencioso administrativo planteado en 2018 por La Casa Invisible, que supuso la paralización cautelar de la decisión del Ayuntamiento de Málaga de recuperar su inmueble de calle Nosquera, ha sido ... desestimado por el juzgado, que finalmente ha dado la razón a las tesis del Consistorio y a su orden de desahucio de los actuales ocupantes del palacete. Fuentes municipales han confirmado a SUR la intención de ejecutar el dictamen lo antes posible. No obstante, la maraña judicial promete seguir activa ya que los afectados han adelantado que la sentencia «no es firme» por lo que estudian las acciones legales que confirmarán en la rueda de prensa que han convocado para este viernes.
Según recoge la sentencia dictada el pasado 19 de marzo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº4 de Málaga, el fallo deniega tanto la cesión del inmueble que solicitaban los miembros de Fundacion de los Comunes, como avala el acuerdo de desalojo tomado el 16 de febrero de 2018 por la Junta de Gobierno Local y ratificado por la misma vía en 2021. En aquellas órdenes, el Ayuntamiento ordenaba «recuperar de oficio el inmueble de titularidad municipal ocupado sin título jurídico alguno», además de establecer un primer plazo de 15 días para la devolución, seguido de un segundo de 8 días. Agotados estos periodos, se procedería al desahucio de los actuales ocupantes.
En el texto de la sentencia se explica que, tras analizar el expediente administrativo del Ayuntamiento de Málaga contra el que recurría La Invisible, «no cabe sino confirmar la adecuación a Derecho tanto de la resolución administrativa por la que se rechaza la solicitud de adjudicación directa y gratuita del inmueble municipal a la Fundación de los Comunes, como de la que posteriormente desestima los recursos de reposición».
La sentencia también remite a la medida cautelar del Ayuntamiento de Málaga de diciembre de 2014 en la que por «motivos de seguridad» se clausuró el edificio para el uso de las actividades de pública concurrencia. El expediente municipal recoge que, pese a la orden, el inmueble siguió «siendo utilizado diariamente como bar, y en él se promocionan otras actividades calificadas como de pública concurrencia, con gran afluencia de público constatada, y en la que no consta se cumplan los requisitos básicos en materia de accesibilidad, utilización, salubridad y seguridad tanto estructural como en caso de incendio», lo que fue corroborado por técnicos del Servicio de Conservación y un técnico del Servicio del Real Cuerpo de Bomberos.
Según se especifica, desde 2009 hasta 2018 se realizaron por el Ayuntamiento «más de 200 visitas de control al inmueble por parte de la policía local, habiéndose generado 103 actas de denuncias». Entre los incumplimientos se contemplan conciertos de música en vivo y molestia a los vecinos y una serie de carencias como no disponer de licencia de apertura/autorización municipal, de permiso de música, de hojas de reclamaciones y de declaración responsable, entre otras.
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Cristina Vallejo
Ante esta acumulación de denuncias, la sentencia «acoge las razones del Ayuntamiento para rechazar la cesión, motivada no por una consideración desfavorable de la labor cultural de la Fundación (que de hecho es declarada Entidad de Utilidad Pública Municipal), sino por (...) un uso inapropiado del edificio». Ante lo que el juzgado considera «sucesivas irregularidades por parte del colectivo en posesión del inmueble», el dictamen refrenda «la decisión de la Administración» que, «lejos de ser arbitraria, está justificada y entra dentro de su potestad discrecional, potestad que debe perseguir el interés general».
Como consecuencia del análisis de ambas posturas enfrentadas y el apoyo al Ayuntamiento en este contencioso-administrativo, la sentencia ordena la «recuperación» del inmueble por parte del demandado, ya que en su decisión no se aprecia «falta de audiencia ni caducidad», como alegaban desde La Casa Invisible. Esta espaldarazo a las tesis municipales no pone fin a la vía judicial ya que, como han recordado a SUR desde Fundación de los Comunes, el fallo del juzgado número 4 «no es firme» y están estudiando tanto un posible recurso como otras fórmulas legales, además de la contestación social con la convocatoria de nuevas manifestaciones que han sido muy concurridas en el último año.
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