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El Ayuntamiento de Torremolinos ha informado de una reunión con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria en la que esta ... entidad, de participación estatal, se ha comprometido con a paralizar el traspaso a un tercero de 29 de las 39 viviendas de El Calvario afectadas por una ejecución hipotecaria. Se trata de un lote de inmuebles que habían salido a subasta y que, al pujar un inversor, en lugar de recaer en la Sareb, como pago por la deuda pendiente de la promotora que ejecutó este bloque de pisos y que cayó en quiebra, iban a pasar a ser de titularidad privada. En cuanto al resto, traspasadas por la Sareb, el Gobierno municipal anuncia que trabaja «en buscar una solución a corto y medio plazo, con ayudas específicas y colaboración con otras administraciones».
Así se lo ha trasladado la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, a los vecinos que se han visto inmersos en esta situación, a pesar de haber firmado contratos de alquiler y estar al corriente de pagos, y sus abogados, en una reunión posterior a la mantenida con la Sareb, en la que se han abordado otras cuestiones relacionadas con esta compleja situación.
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En concreto, respecto a las primeras 29 viviendas, la Sareb ha trasladado que ha presentado el juez escrito para revertir la cesión a un tercero, que en principio iba a materializarse el próximo 22 de abril. Ahora será el juez quien tenga que decidir sobre si la cesión continúa o se revierte para que la Sareb vuelva a ser la titular, tal y como informan fuentes municipal.
En el caso de que ese sea el sentido del pronunciamiento, el Ayuntamiento se ha comprometido con la Sareb a facilitar informes de vulnerabilidad de los inquilinos, para que esta sociedad pueda brindarles, y así lo han trasladado, alquileres accesibles.
Por parte de la Sareb se ha detallado a SUR que, el pasado jueves, 20 de marzo, la junta directiva del organismo ordenó paralizar la venta de viviendas de manera temporal para, de este modo, poner en marcha un análisis de los inmuebles que, como se apunta, «se van a traspasar a la futura empresa estatal de la vivienda». En este contexto, como se indica, «se ha pedido al juez suspender la adjudicación de la subasta de las 29 viviendas de Torremolinos».
En cuanto a las diez viviendas que ya han sido transferidas de la Sareb a terceros, no pueden revertir esta situación, por lo que el Ayuntamiento trabaja en varios frentes. En primer lugar, le ha pedido a la Sareb si cabía la posibilidad de contar con inmuebles que fueran de esta sociedad para poder alquilarlos a los afectados, pero ahora mismo, aclaran desde el Ayuntamiento, «todo el parque de viviendas se encuentra paralizado por la decisión del Gobierno de crear una Agencia Pública de Vivienda»; si bien en el entorno, la Sareb cuenta solo con dos viviendas de alquiler social actualmente ocupadas.
Desde la Corporación Municipal se ha decidido desde ya contactar con otras administraciones para ver qué soluciones a corto y medio plazo pueden ofrecerse a los inquilinos de estas diez viviendas ya transferidas; así como articular los mecanismos municipales que van a permitir darles ayudas para afrontar estos primeros meses una vez los nuevos propietarios de estas viviendas ejerzan sus derechos sobre las viviendas.
«Ha sido una reunión fructífera, necesaria; y recibimos como una buena noticia que al menos 29 viviendas vayan a poder ser, a espera de pronunciamiento judicial, revertidas a la Sareb, garantizando con la ayuda del Ayuntamiento que los alquileres sean asequibles», ha apuntado la alcaldesa, Margarita Del Cid.
Respecto a las otras diez viviendas, ha dicho: «Nuestro compromiso es no dejar a nadie atrás, de tal forma que vamos a estar tocando a todas las puertas y activando todas las posibilidades para que no se queden en la calle».
El anuncio del Ayuntamiento de Torremolinos llega cuando, a través del PP, IU Andalucía y Vox el problema de estos vecinos ha llegado al Congreso de los Diputados y en las vísperas de que, previsiblemente, salga adelante alguna medida de la Corporación Municipal que respalde a las familias afectadas durante el pleno de este jueves, 27 de marzo.
Son 127 personas que están en medio de un pleito, originado por la quiebra de la promotora del edificio en el que residen que, en un momento de dificultades económicas, lo puso a disposición de otras mercantiles para que, a su vez, subarrendaran sus pisos.
Al no reconocer el juzgado esta primera operación, tampoco entiende como válida la derivada y, por lo tanto, al decretar una orden de lanzamiento para que las acreedoras de la constructora reciban lo que se les debe, este dictamen afecta, legalmente, a los inquilinos
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