Los desahucios de El Calvario de Torremolinos llegan al Congreso de los Diputados

Este grupo de torremolinenses se han visto en medio de un pleito, originado por la quiebra de la promotora del inmueble en el que tienen su casa, que, en un momento de dificultades económicas, lo puso a disposición de otras mercantiles para que, a su vez, los subarrendaran. Al no reconocer el juzgado esta primera operación, tampoco entiende como válida la derivada y, por lo tanto, al decretar una orden de lanzamiento para que las acreedoras de la constructora reciban lo que se les debe, este dictamen afecta, legalmente, a los inquilinos actuales. Como recuerdan los populares, a tenor de esta situación, el Ayuntamiento de Torremolinos han hecho informe de vulnerabilidad a varias familias y ha constatado que hay tres que tienen un miembro con discapacidad reconocida y con dependencia, dos numerosas, una persona con problemas de salud mental, dos familias monoparentales, tres formadas por personas con avanzada edad y algunas más a la espera de ver reconocida la discapacidad en alguno de sus miembros.

El documento registrado en la Cámara Baja está suscrito por Elías Bendodo, Sergio Sayas, María del Mar Vázquez, Mario Cortés, Cristóbal Garre, Gema Pérez, María Soledad Cruz-Guzmán, Isabel Borrego, Cristina Agüera, Miguel Ángel Sastre, Alberto Fabra, Carlos Gil, Celso Luis Delgado, Daniel Pérez, Silverio Argüelles, Juan Andrés Bayón, Cristina Moreno y Joan Mesquida.

La del Partido Popular no es la única acción parlamentaria a favor de los residentes en el bloque de El Calvario. Vox también impulsa preguntas dirigidas al Gobierno sobre esta problemática «para ayudar a los vecinos en todo lo que sea posible», en un movimiento político que encabeza el portavoz nacional de Vivienda de este partido, Carlos Quero.

Además, el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha planteado otra pregunta a la Mesa del Congreso en la que se inquiere al Ejecutivo central para que evite que las viviendas «acaben en manos de fondos privados». En su exposición de motivos, Valero lamenta que Torremolinos sea uno de los municipios más tensionados en esta materia, por el gran número de alquileres turísticos y carga contra la Junta y la Administración local por no articular medidas para frenar la especulación inmobiliaria. Del mismo modo, plantea como salida que los inmuebles pasen al Ministerio de Vivienda o bien que, a petición del Ayuntamiento, estos sean traspasados directamente a quienes los ocupan.

Desde el Gobierno municipal, al que apelan las 39 familias afectadas, al igual que a la Sareb y al resto de administraciones e instituciones en busca de una salida a su complejo panorama, explican que el problema de estos vecinos parte de procedimiento en los juzgados que comienza en 2018. En el curso de este trámite destinado a desalojar los pisos, con cuya venta está previsto hacer frente a las deudas generadas por la promotora, se constata que hay personas que viven allí, previa firma de un contrato, y, en 2023 se les pide que los aporten.

En un auto de 8 de enero de 2024, el instructor establece que nos son títulos legítimos y que los materializó la sociedad que levantó el bloque de viviendas para dificultar el proceso de ejecución. En paralelo, avanzaban las gestiones para saldar el pufo generado. Ahí es donde entra la Sareb, puesto que, tras la caída de la entidad bancaria que prestó el dinero a la que promovió esta vivienda, este organismo recibe los impagos, un dinero que, cuando sea recuperado, pasará a las arcas del Estado, en concepto de pago de deuda pública. Lo que explican desde la sociedad pública es que hubo traspaso de activos, al ofertar otro interesado más dinero por el lote de viviendas cuando estas salieron a la venta, con lo que, próximamente, estos bienes cambiarán de manos y la sociedad recibirá el dinero, pero no los pisos.

No obstante, desde el Ayuntamiento de Torremolinos han contactado con la Sareb para intentar mediar, una gestión de la que ya dio cuenta la alcaldesa, Margarita del Cid, a los residentes, el pasado viernes, 21 de marzo.

En este escenario, desde Alcaldía, plantearon a los grupos de la oposición la posibilidad de llevar un acuerdo institucional en defensa de estos vecinos y vecinas, con la idea de aprobarlo en la sesión de este jueves, 27 de marzo. El objetivo es no caer en «un rifirrafe», como dijo la alcaldesa Margarita del Cid, que apeló a la «unidad de acción» de la Corporación. No obstante, en el caso de Vox, optaron por una moción propia, de cuya presentación informaron el lunes. Se trata de un texto en el que se dice que, en el caso de que la Sareb no garantice a los vecinos afectados el mantenimiento de los contratos de arrendamiento de los inmuebles «o ponga a su disposición otros inmuebles de características similares en Torremolinos o alrededores», sea el Ayuntamiento de Torremolinos «quien dé una salida habitacional digna a los vecinos afectados».

Por su parte, el PSOE, en un comunicado, reclamó a la Junta y a la Administración local respuestas. «Esperamos que no escurran su responsabilidad con los vecinos; asuman su papel, sienten a la Sareb, actual propietaria, a buscar soluciones si es preciso con el concurso de otras administraciones públicas o sus entes instrumentales, como la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía o la propia Consejería como competente en materia de vivienda», como argumentó la portavoz del grupo municipal, Maribel Tocón. Tanto socialistas como Vox han llegado a acusar a la máxima responsable municipal de querer «instrumentalizar» este asunto, una crítica que, hacia estas siglas, también llegó a deslizarse desde el PP.

El concejal de IU-Podemos, David Tejeiro, que había optado por no hacer declaraciones, ha mantenido una reunión con Del Cid y su equipo, este miércoles 26 de marzo, así como con el PSOE municipal, con el objetivo de contar con su respaldo, para tratar de buscar un acuerdo del pleno con el que instar a «todas las instituciones». Confían en que Vox también se sumará a esta iniciativa.

Los vecinos y vecinas protagonistas, a su pesar, de este embrollo legal, y también político en las últimas horas, además de con los responsables de las administraciones públicas, han mantenido numerosos contactos con abogados que los asesoran. Además, para buscar apoyos entre la población, tienen convocada una manifestación, el próximo 3 de abril, a las 10 horas y a las puertas del Ayuntamiento que, entre sus lemas, tiene «mañana te puede tocar a ti».