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El presunto caso de espionaje a concejales y al alcalde de Mijas afectó este juevs de manera oficial a la actividad del Ayuntamiento. El tesorero municipal envió un escrito mediante el cual paralizaba todos los pagos e ingresos del Consistorio. El responsable del área económica tomó esta decisión –según señaló en un escrito al que este periódico ha tenido acceso– tras las informaciones publicadas que señalan que un auditor privado estaría investigando si el supuesto espionaje podría trascender a la radiotelevisión pública (Mijas Comunicación) y afecta a otras áreas, como a la propia Tesorería.
En concreto, el tesorero ordenó la paralización de la actividad administrativa tanto de la Tesorería como de la Recaudación, además de que impuso el apagado de todos los ordenadores. Asimismo, solicitó un barrido de los mismos, que se investigue la existencia de posibles micrófonos o cámaras en estas dependencias, y que se presente una denuncia o una querella por estos hechos. Avisaba, sobre esto último, que en caso de no hacerlo el propio alcalde, sería él quién pondría en conocimiento de la Justicia todas estas cuestiones.
Esta medida unilateral del tesorero causó estupor en el equipo de gobierno, pero también en el PSOE y en CSSP. Unas horas después de que se diera a conocer el proceder del tesorero (que actualmente se encuentra investigado en el llamado 'caso Subastas'), el alcalde, Juan Carlos Maldonado, envió un escrito al responsable de la Tesorería para que revirtiera estas medidas y que el Ayuntamiento retornara a su actividad habitual.
En dicha carta, que también obra en poder de SUR, Maldonado critica que haya parado la actividad del área por las informaciones aparecidas en prensa con esta afirmación: «De seguir la propuesta efectuada por la Tesorería, habría de darse la orden de paralizar la actividad municipal, orden que supondría que la totalidad de la ciudadanía hubiera de soportar los perjuicios que la institución municipal deja de presentar en forma de servicio».
Maldonado ironizó sobre la actuación del tesorero y le echó en cara su forma de proceder en ocasiones anteriores: «No es la primera vez que el Ayuntamiento de Mijas es objeto de noticias de las cuales usted ha tenido también conocimiento, por ejemplo en temas de lo que se denomina 'subastas y adjudicaciones irregulares». Al respecto, fuentes consultadas especifican que con este mensaje, Maldonado «pone en evidencia» que cuando citaron al titular de la Tesorería como investigado por una causa que afectaba al departamento, éste no paralizó ninguna actividad.
Por último, el regidor exhorta al tesorero a que continúe con el trabajo habitual, no sin antes pedirle que en caso de hallar alguna prueba, se haga conocedor de la misma al concejal delegado de Nuevas Tecnologías o a él mismo.
Aunque a última hora de este jueves no había ninguna comunicación oficial al respecto, desde el gobierno municipal dicen no tener duda de que este viernes mismo el tesorero levantará la paralización y de que el Ayuntamiento volverá a operar con normalidad. A pesar de ser el último día hábil del mes, otras fuentes municipales aclararon que el pago de las nóminas a los empleados municipales no estaría en peligro, ya que éstas se habrían abonado el pasado miércoles.
Por último, y dada la «gravedad» de las circunstancias, según el gobierno local, el máximo responsable municipal abrirá un expediente al tesorero, ya que considera una «irresponsabilidad» la acción ejercida por éste, además de haberse realizado «sin ninguna causa que lo justificara».
El caso de los pinchazos se ha hecho público estos días después de que un auditor privado contratado por Mijas Comunicación avanzara el pasado viernes en el consejo de administración de la empresa que había detectado el uso de dos 'softwares' maliciosos mediante los cuales –y siempre según el relato de este auditor en el citado consejo– se habrían espiado las conversaciones de WhatsApp y las llamadas de teléfono de los concejales que forman parte del mismo, y del propio alcalde. La única edil que no estaba afectada es Mari Carmen Carmona, de Ciudadanos.
Dada la «gravedad» de la situación, como él mismo la calificó, el auditor pidió la autorización del consejo para prolongar su investigación; una petición que fue aprobada por la mayoría del mismo, y que en estos momentos continúa realizando.
Este caso de las supuestas escuchas ha puesto de nuevo en alerta a los vecinos de un municipio que en estos últimos años han presenciado diversos hechos relacionados con escándalos políticos. Además del ya mencionado 'caso Subastas', en esta misma legislatura han coincidido el 'caso Sobresueldos', el 'caso Mijas'; y más recientemente el 'caso Cartero', que provocó que un juez abriera una investigación contra el propio Maldonado y que la cerrara en menos de una semana.
Por ello, este jueves fueron constantes las quejas de vecinos en redes sociales y en cualquier foro presencial, que mostraban con desencanto su enfado por el negativo protagonismo de su municipio.
El Partido Popular registró este jueves en el Ayuntamiento de Mijas una petición para la convocatoria de un pleno extraordinario y monográfico sobre estas supuestas escuchas avanzadas por un auditor privado.
Tal como argumentan en el texto, la convocotaria se basa en la necesidad de que las personas que forman parte de la corporación sepan «de primera mano» lo que ha pasado «y está haciendo mal» el Ayuntamiento. «Sin duda –añaden– el máximo responsable de todo cuanto ocurre en la citada sociedad municipal (Mijas Comunicación), así como en el Consistorio, es el alcalde. Consideramos imprescindible, a fin de tranquilizar a la sociedad mijeña, que explique todo lo que sabe en torno a este asunto».
Asimismo, y en el marco de esta convocatoria, los populares exigen la contratación de una auditoria informática y de las telecomunicaciones corporativas en todos los departamentos del Consistorio, así como en todas las sociedades municipales «a fin de averiguar si existen interceptaciones de las comunicaciones».
Por último, insisten en tomar «medidas urgentes y consecuentes» con la «alarma» que se ha generado entre los empleados municipales y los distintos grupos políticos que están en el consejo de administración de la radiotelevisión pública.
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