«No voy a permitir que los que estafaron a mis padres hace 50 años hagan ahora lo mismo conmigo»

Los padres de Mara compraron hace cincuenta años un apartamento en Iris y lo hicieron «con todo el sudor de su frente». Según cuenta, ella entonces era una niña, pero recuerda como vinieron a su casa trabajadores de la promotora con «revistas con fotos espectaculares» para animar a la compra con «una publicidad engañosa» porque «lo que mostraban era sobre todo los jardines y las piscinas de los edificios, vendían el conjunto». En aquellos años, cuenta Mara, se pagaban ya 25.000 pesetas de comunidad, «lo que por entonces era el sueldo de mucha gente», pero se les prometía a los inversores un beneficio del 12% a través de los alquileres.

Al final la historia no fue tan bonita como parecía, y según detalla Mara, sus padres acabaron siendo estafados y nunca cobraron lo que Sofico les debía.

Ana Eva compró ella misma su apartamento hace 33 años, «siendo una chiquilla». Se emociona al hablar porque asegura que «esto no es solo una pérdida de patrimonio, es también una pérdida de recuerdos». Recuerda que Sofico se declaró en quiebra en 1974 y «no indemnizó a ninguna de las personas que arruinó y ahora nos quieren volver a traer la ruina».

«Hay muchos vecinos que están tomando calmantes, lo están pasando muy mal. En su día pagamos jardines, piscinas y zonas de aparcamiento y ahora nos dicen que esto no es nuestro. ¿Dónde está la justicia en España?», se pregunta esta vecina.

«No vamos a pagar dos veces por lo mismo. No soy juez, pero para mi eso es una estafa», resume Abdelkrim Mghoghi, belga de ascendencia española, que heredó el apartamento de su madre, quien lo compró en 1987.

Anabel Merkel es también propietaria en Iris. Compró en 2019 desde Argentina y se vino a vivir al apartamento hace tres años. «Compramos precisamente por la cantidad de zonas verdes y piscinas que tenían», explica y señala que la agencia inmobiliaria que se lo vendió hacía su publicidad basándose precisamente en eso. «El problema llegó cuando vino Sofico diciendo que no era nuestro». Anabel se queja además de que pagan una comunidad muy elevada (70 euros por un estudio) y que el edificio está en muy malas condiciones. Todos ellos se quejan de las dificultades para renovar a los presidentes de las comunidades. «Queremos democracia en nuestros edificios, algunos llevan en el cargo décadas», denuncia.

En esa misma línea insiste Lisardo, quien critica que los edificios cada vez están en peor estado por la imposibilidad de renovar los cargos, al ni siquiera convocarse junta de propietarios. Eso les afecta también de lleno en la causa judicial contra Sofico, ya que hay un grupo amplio de vecinos que quiere cambiar de abogados, al entender que los que han ejercido la defensa de los propietarios hasta ahora, elegidos por la junta de gobierno de las comunidades, no les han representado correctamente. «Todo lo que está ocurriendo nos está acarreando un perjuicio económico muy grande, somos trabajadores, y nos está costando el dinero y la vida a muchos de nosotros», asegura.