Los propietarios de 1.750 pisos, al borde de perder los terrenos de sus piscinas y garajes

Con el paso de los años Sofico acabó quebrando y convirtiéndose en uno de los grandes escándalos de los últimos años del franquismo, en el que se vieron implicados altos cargos de la época, aunque ninguno fue procesado. Sí lo fue el presidente de Sofico, Eugenio Peydró Salmerón, y su hijo. El primero fue condenado a nueve años de prisión por los delitos de falsedad y estafa.

Pero antes de eso, Sofico construyó, entre otras muchas propiedades, los edificios de apartamentos conocidos como Ágata, Hércules, Iris y Águila. Cuatro comunidades, situadas en la zona de Gamonal, en Arroyo de la Miel (Benalmádena), en las que se ubican 1.750 pisos donde residen otras tantas familias.

Habían pasado muchos años, demasiados, cuando los vecinos de estas cuatro comunidades volvieron a saber de Sofico. Fue en el año 2015 cuando les llegó una notificación por parte de los herederos de la empresa asegurando que los terrenos donde se ubican las piscinas, los jardines y los aparcamientos de estas cuatro comunidades de vecinos seguían siendo propiedad de la sociedad, en lugar de ser de los vecinos que llevaban décadas dándoles uso y cuidados.

Comenzó entonces una batalla judicial entre la nueva Sofico y los propietarios que hasta la fecha solo ha dado disgustos a estos últimos. La empresa ha conseguido el fallo favorable del juez tanto en primera instancia como en ante la Audiencia Provincial y ahora la causa enfila hacia el Supremo, donde los vecinos esperan tener una última oportunidad. Si no consiguen hacer valer sus derechos sobre esos terrenos se enfrentan a la pérdida de 2 hectáreas de tierra valoradas en estos momentos en doce millones de euros.

Esa batalla judicial ha abierto otra batalla aún más cruenta si cabe, pero a otra escala: la de una parte de los propietarios de dichas comunidades contra los abogados que les han representado hasta ahora, así como contra los presidentes y administradores.

«Los terrenos están inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre de Sofico, pero existen documentos que acreditan que los propietarios los compraron, cuando compraron sus viviendas. El problema es que los abogados que han representado hasta ahora a las cuatro comunidades de vecinos no han hecho uso de esos documentos en todo el proceso», explica Bernardo Gómez Corraliza, propietario de dos de esos apartamentos (comprados por sus padres cuando él aún era un niño), abogado de profesión y profesor de Derecho Civil.

Una parte importante de los vecinos está luchando para conseguir la representación suficiente para poder convocar juntas de propietarios y aprobar un cambio en la representación legal, de manera que Gómez Corraliza asuma ahora la defensa de esta causa. No está resultando fácil, habida cuenta de que muchos de los propietarios son extranjeros y son los administradores quienes tienen sus contactos y los votos delegados.

«Antiguamente muchas cosas se hacían así, los vecinos compraron, pero no hicieron escrituras, ni registraron las propiedades, pero eso no significa que no sea suyo, existen los documentos de compra. Lo normal hubiese sido que esos papeles fueran los primeros en presentarse al juzgado, pero hasta el año pasado no se hizo uso de los mismos y ya era demasiado tarde en el proceso», afirma el abogado.

«Sofico vendió los terrenos en bruto, fueron los vecinos los que tuvieron que ajardinarlos. Llevamos treinta años bañándonos en esas piscinas, pagando socorristas, jardineros, agua y contribución y ahora nos encontramos con esto. Si no conseguimos algo en el Supremo no tenemos otra baza, tendremos que pagarle a Sofico para recuperar esos terrenos, que es lo que ellos quieren, sacar ahora un rédito económico. Es algo inadmisible, nosotros vamos a pelear hasta el final».