El alcalde de Vélez-Málaga remite informes al juzgado para intentar paralizar la demolición de las dos viviendas rurales ilegales de Benajarafe

«Es un tema donde todos tenemos que tener muchas reservas con lo que hablamos y decimos, una vez que llega a sede judicial, mi preocupación es grande, pero no podemos obviar una realidad, que hay una sentencia que viene arrastrando desde 2004», ha argumentado el regidor veleño, quien ha recordado que en 2018 ya consiguieron paralizar una orden anterior de derribo de estos dos inmuebles «por la situación de vulnerabilidad» de las dos familias, que tienen tres hijos menores a su cargo.

«A través de los informes se consiguió. Ahora han cambiado las circunstancias, estamos hablando de un nuevo PGOU y de una nueva ley urbanística en Andalucía, la LISTA, esas dos leyes nos hacen pensar que si no en su totalidad, sí en parte puedan ser legalizables, por eso hemos hecho todos los esfuerzos, desde el Área de Urbanismo y desde el Área de Servicios Sociales, para poner en conocimiento de sus señorías estas nuevas circunstancias, más allá de las circunstancias sociales de unas familias que se ven con la precariedad de poder encontrarse sin vivienda», ha argumentado Moreno Ferrer.

El alcalde veleño ha pedido que el tema se trate «con serenidad, responsabilidad y sin populismo». A su juicio, «lo más sensato es obrar con sensatez, sin alarmismo y teniendo que respetar todas y cada una de las leyes y normas, porque cuando uno accede al cargo lo que promete es cumplir y hacer cumplir las leyes». «Una cosa es que estemos defendiendo con argumentos la situación de estas familias y otra cosa es que utilicemos determinados medios y métodos para no ayudar a que los jueces entiendan la situación», ha apostillado.

Por su parte, alrededor de un centenar de vecinos de Cajiz, Benajarafe, Almayate y Valle-Niza han respaldado este martes en una concentración en la explanada de las dos gasolineras situadas en el nudo de Cajiz, junto a la autovía del Mediterráneo A-7, a las dos familias afectadas por esta amenaza de derribo, que han acudido acompañadas de sus tres hijos. «Esto no es justo, hay que impedirlo», han repetido los vecinos. «¡Este desahucio lo vamos a parar!», han gritado integrantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.

Raúl Postigo ha vuelto a insistir en que ni él ni su mujer, Miriam, ni su cuñada, Cristina, «somos unos delincuentes». «No somos okupas, no construimos estas casas para especular, fue para vivir en ellas, no tenemos dinero, somos gente humilde», ha expresado, insistiendo en su «agradecimiento a todos los políticos». «No quiero hacer política, el alcalde y los técnicos están elaborando los informes, nos están ayudando, quiero agradecer el trabajo de todos», ha apostillado. «Llevo muchos años sufriendo, no quiero dar pena, solo quiero que haya un poco de calor para el pueblo, somos trabajadores y no queremos otra cosa», ha agregado.

A la concentración ha acudido el portavoz de Andalucía por Sí en la oposición, José Pino, quien ha pedido al alcalde de Vélez-Málaga que «busque una solución para estas dos familias». Así, ha aludido a que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que avala que se paralice un derribo en una situación como la de estas dos familias, «que tienen tres hijos menores a su cargo y no tienen otro sitio a donde ir», ha considerado.

Por su parte, José Manuel López, arquitecto técnico que asesoró a las familias, ha lamentado que el Ayuntamiento veleño no aceptara la solicitud de tramitar la declaración de Asimilado a Fuera de Ordenación (DAFO), en vigor desde 2012, para estos dos inmuebles en 2017. «Tienen que buscarse a un buen abogado urbanista, todo se arregla con dinero», ha considerado.