Ordenan la demolición de dos viviendas rurales en Benajarafe construidas sin licencia en 2004

La pareja formada por Raúl, de 43 años, y Miriam, de 41, tiene dos hijos, Miriam, de 12 años, y Samuel, de seis, mientras que Cristina tiene un hijo, Juan Antonio, también de seis años. Postigo trabaja en la construcción y Miriam cuidando a personas mayores. «Es muy injusto, que 18 años después nos echen abajo nuestras casas, cuando estamos rodeados de centenares de casas construidas sin licencia», sostiene Postigo, quien destaca que el Ayuntamiento «está intentando ayudarnos en todo lo posible».

Según consta en un documento que les notificó el Consistorio veleño el pasado día 3 de enero, el próximo 15 de febrero se procederá a la demolición de los dos inmuebles en cumplimiento de lo dictado por el juzgado de manera firme, «en el plazo de seis meses, bajo el apercibimiento de que, caso de no hacerlo, se podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial». «En 2018 el Ayuntamiento ya paralizó una orden de derribo porque en las casas viven tres menores, los Servicios Sociales nos están ayudando, necesitamos que el juzgado atienda nuestra situación», sostiene Postigo.

El propietario de una de las viviendas aclara que llevan «años» pagando el IBI de los inmuebles, «casi mil euros al año», apostilla. «Hemos intentado todo lo posible, tramitamos un AFO (Asimilado a Fuera de Ordenación), pero nos lo rechazaron porque estaba el procedimiento judicial firme, pero ahora con la nueva ley urbanística de Andalucía, la LISTA, creemos que se pueden legalizar las casas», sostiene Postigo, quien agradece «el enorme apoyo» del Ayuntamiento y de los vecinos del núcleo de Los Puertas, en Benajarafe Alto.

De hecho, este martes han convocado a las 11.00 horas una concentración de apoyo en la gasolinera de Cajiz. «Mi hija lo está pasando fatal, en su cumpleaños pidió que no nos derriben la casa, no tenemos otro sitio a dónde ir», confiesa Postigo, que fue condenado a dos años de cárcel por esta construcción ilegal en el suelo no urbanizable de Vélez-Málaga, que está catalogado como agrícola de especial protección en el vigente PGOU de 1996, aunque no entró en prisión por carecer de antecedentes penales.

Preguntado sobre quién les denunció por las viviendas, Postigo no sabe responder. «Puede que fuese algún vecino de la zona, pero es que ahora el problema es que hay una sentencia firme, voy a luchar hasta el último día para evitar que nos derriben las casas, vivimos con tres menores de edad, tenemos derecho a una vivienda digna y no tenemos otra alternativa a dónde ir», argumenta este vecino de Benajarafe Alto. «Mis padres están mayores y mis suegros igual, no vamos a meternos en sus casas», apostilla. «No quiero dar lástima», añade.

El problema de las demoliciones de viviendas construidas en el campo sin licencia en la Axarquía en las dos últimas décadas viene de largo y parece no tener fin. El pasado noviembre este periódico se hizo eco de otra sentencia similar en Frigiliana de una casa que se usaba como inmueble de alquiler turístico. El juez consideró probado que una vecina convirtió el apero para el que obtuvo la licencia en un inmueble de alquiler, por lo que la condena además al pago de una multa de 1.080 euros.

En agosto de 2017 el Ayuntamiento veleño derribó el inmueble de un matrimonio británico en Almayate. Tal y como podría ocurrir ahora con estas dos familias, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ejecutó «de forma subsidiaria» las tareas al negarse los propietarios a cumplir con la sentencia firme dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga.