Isabel Méndez y Europa Press
Málaga
Miércoles, 5 de mayo 2021, 00:28
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebra este miércoles una reunión clave. Cuando faltan cinco días para que decaiga el estado de alarma, el encuentro de este órgano gubernamental con las comunidades autónomas cobra especial importancia por las medidas que puedan ... adoptarse.
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El Gobierno mantiene su intención de levantar el próximo día 9 el estado de alarma y por este motivo ha comenzado ya a preparar la nueva fase que se abrirá entonces, y a analizar con los ministerios qué medidas sociales y económicas dependen de la vigencia de este instrumento, para prorrogar vía decreto las que sigan siendo necesarias en la etapa final de la pandemia del coronavirus.
Según recoge Europa Press, la idea del Ejecutivo es aprobar próximamente un decreto ley que permita dar continuidad a aquellas cuestiones que los ministerios consideren que hace falta seguir manteniendo más allá del 9 de mayo. Serían medidas, en todo caso, que no necesitan que este instrumento constitucional siga vigente, ya que no tienen que ver con la restricción de derechos fundamentales. Es el caso, por ejemplo, de la medida que se aprobó en febrero para permitir que los sanitarios jubilados pudieran volver a trabajar para ayudar en la lucha contra la pandemia, sin perder su pensión. Esta cuestión estaba ligada expresamente a que estuviera vigente el estado de alarma.
Mientras tanto, los gobiernos autonómicos también han comenzado a plantear el escenario que se vislumbra a partir del domingo y ya están planeando el marco legal que les garantice seguir tomando ciertas medidas para contener el avance del coronavirus, si bien reconocen la dificultad de establecer restricciones sin esta norma jurídica. Por este motivo, dirigentes regionales han criticado la decisión de Pedro Sánchez de no prorrogar este instrumento. El Gobierno vasco, por ejemplo, ha sido uno de los más críticos y advierten de que «cada vez quedan menos días» para aclarar esta cuestión. Además, desde el PNV, formación mayoritaria en el Gobierno del País Vasco, insisten en mantener esta norma.
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Andalucía, por su parte, lamenta que habrá una salida del estado de alarma «a la carta de cada comunidad autónoma, de lo que cada gobierno autonómico decida», porque el Gobierno de España «no ha hecho su trabajo, no ha cumplido sus deberes y obligaciones». Sin ese paraguas jurídico que aporta el estado de alarma se acabará el toque de queda, los confinamientos perimetrales, el máximo de seis personas en reuniones o los cierres de las playas, tal y como resaltaba este lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que sentenciaba: «Las comunidades (sin el estado de alarma) estamos maniatados para combatir con entereza y determinación una pandemia tan compleja», ha aseverado.
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Por su parte, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, señalaba este martes que Andalucía «tendrá su propia transición andaluza hacia la normalidad tras la caída del estado de alarma. Estamos dando pasos en esa transición consensuados con todos los sectores económicos afectados», señalaba. Será Salud Pública quien «decidirá hasta qué punto se producen estas limitaciones o estas aperturas», añadía.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, destacó recientemente que cuando decaiga el estado de alarma, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) podrá obligar a las comunidades autónomas a restringir la movilidad, a través de las llamadas acciones coordinadas y las órdenes ministeriales, si «hay una situación particular de incidencia».
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