La prórroga de los Presupuestos alarga la deuda del Estado con Andalucía

La decisión de Pedro Sánchez de renunciar a presentar un proyecto de Presupuestos para este año y centrarse en intentar hacerlo para el próximo obliga a prorrogar los actuales, lo que implica aplazar la respuesta a las demandas andaluzas.

El debate, lejos de desaparecer, no ha hecho otra cosa que prolongarse. ¿Cuáles son las cuestiones sobre las que el Gobierno andaluz demanda una solución por parte del Ejecutivo central?

Existe un reclamo principal sobre el que la Junta de Andalucia ha fijado el eje de su política en relación con el Gobierno de Pedro Sánchez: la reforma del sistema de financiación autonómica y la creación de un fondo transitorio de compensación hasta que se apruebe ese cambio de modelo. De acuerdo a los recursos que recibe según el tamaño de su población, para situarse en la media del conjunto de España Andalucía debería recibir cada año 1.400 millones de euros más de lo que le transfiere el Estado.

Pero más allá de este reclamo, la comunidad mantiene un amplio abanico de demandas que afectan prácticamente a todas las áreas.

Políticas activas de empleo

Andalucía es la comunidad que menos financiación recibe por demandante de empleo. De acuerdo a los datos de paro registrado, la comunidad percibe por cada desempleado 585,6 euros frente a los 1.954,1euros de Baleares o los 1.206,6 euros de Cataluña. La media nacional es de 977,6 euros por desempleado. Si se tomara en cuenta el peso poblacional y no el número de desempleados, la comunidad andaluza tampoco alcanzaría la media nacional, ya que recibe el 16,3 por ciento de los recursos pese a reunir el 17,8 por ciento de los habitantes.

Red de transporte de energía eléctrica

Más inversión en la red eléctrica. En este apartado, la demanda de la Junta se centra en las modificaciones incluidas por el Ministerio al plan original, dotadas de 321 millones de euros de los que sólo seis millones se adjudicaron a esta comunidad, que gestiona casi el 20% de la potencia renovable en tramitación en España.

Déficit de profesionales sanitarios

La propuesta andaluza para corregir el déficit de médicos que lastra la prestación de los servicios sanitarios se centra en una ampliación de las plazas MIR que oferta cada año la Administración central del Estado. Al mismo tiempo, se solicita que se modifique el modelo de elección para que no queden plazas libres. Andalucía también reclama una medida transitoria que incluya mil plazas MIR más por año durante los próximos cuatro ejercicios para paliar el déficit, así como que el Ministerio flexibilice o cambie los criterios para conseguir nuevas unidades de acreditación docente.

Plan de acción de salud mental

La Junta también ha pedido que se prorrogue el Plan de Acción de Salud Mental, al menos hasta 2026, ya que el aumento exponencial de pacientes de salud mental obliga a la renovación y al aumento de las instalaciones ya existentes. La mejora de las infraestructuras se enmarca en el Plan Andaluz de Infraestructuras para la Salud Mental, del que hasta ahora Andalucía carecía.

Financiación de las universidades

Uno de los acuerdos alcanzados entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez se refiere a la financiación extraordinaria para las universidades catalanas en materia de investigación por no menos de 150 millones de euros. La Junta considera este acuerdo un privilegio que va en contra de la igualdad entre españoles. Además, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) requiere en el desarrollo de sus disposiciones un montante adicional de 159 millones de euros para los presupuestos de las nueve universidades públicas andaluzas.

Financiación del sistema de dependencia

La Junta de Andalucía reclamaba que en los PGE de 2024 el Gobierno de España incluyera el 50 por ciento de la financiación de la Dependencia. El compromiso del Ejecutivo central era asumir este reclamo a lo largo de los cuatro años de legislatura, pese a que firmó con el PNV hacerlo durante 2024 para el País Vasco.

Financiación del Pacto contra la violencia de género

La Junta considera que Andalucía resulta perjudicada en la aplicación de los criterios actuales de reparto de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en función de su condición con mayor población total, el 17,8% del total, la mayor población femenina, el mayor número de víctimas de violencia de género, el mayor número de denuncias y el mayor número de órdenes de protección hacia las víctimas. La diferencia de cobertura de los fondos por cada víctima es notable. La media por víctima a nivel nacional asciende a 656,31 euros, mientras que en Andalucía es de 461,34 euros; en Cataluña, 599,58 euros; en Extremadura, 1.778,75 euros y en La Rioja, 1.843,07 euros. Además, Andalucía reclama que el Gobierno asuma parte del coste del mantenimiento del servicio de atención a las víctimas de violencia sexual.

Financiación del coste de atención a menores migrantes

La Junta de Andalucía soporta con recursos propios la atención a los menores migrantes, mientras que la aportación del Estado para este fin es prácticamente simbólica. El número de menores atendidos en 2022 fue de 2.305 y el coste directo de los dispositivos de atención es de 18 millones de euros anuales, que la Administración autonómica paga casi en su totalidad.

Plan de climatización de centros docentes

La Junta denuncia no haber recibido los fondos anunciados por la ministra de Educación y Formación Profesional correspondientes al Plan de Climatización para centros educativos por valor de 200 millones para toda España comprometidos en agosto de 2022.

Financiación del transporte público

Se produce una situación desigual entre las distintas comunidades autónomas en relación con la financiación del transporte público. El Consorcio de Transportes de Madrid, la Autoridad de Transporte Metropolitana de Barcelona, el Gobierno de Canarias y la ATM de Valencia reciben cada año más de 300 millones de euros anuales para financiar su transporte metropolitano. Andalucía cuenta con nueve consorcios de transporte metropolitano en las que se concentra el 65 por ciento de la población que requieren de una financiación equivalente al resto de comunidades, lo cual supondría un valor estimado de algo más de cien millones de euros al año.

Infraestructuras hidráulicas de interés del Estado

El Gobierno de España tiene pendientes con Andalucía 33 infraestructuras hidráulicas de interés del Estado, que se encuentran en el ámbito de su competencia. El Estado es el competente del 67% del territorio andaluz en materia de agua, con las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y Segura. Las grandes obras más importantes aún pendientes de realizar son los desglosados de las conducciones de Rules, Siles y las ampliaciones de las desaladoras de Carboneras, Campo de Dalías y Marbella, así como las obras previstas en la Ley del Trasvase de 2010. La Junta también reclama el desembalse extraordinario desde El Alqueva portugués a Huelva y reactivación de las obras de la presa de Alcolea que están paralizadas al 23% de ejecución.

Ayudas al sector pesquero

La Junta reclama un plan de compensación de ayudas al sector pesquero del arrastre del Mediterráneo ante los nuevos recortes de la Unión Europea.