Relegada a un segundo plano por los escándalos varios, el sonrojante festival del 'y tú más' y la aprobación de la ley de amnistía, esta semana se consumó una de las concesiones del Gobierno de España que más anhelaban los secesionistas catalanes: la publicación de ... las balanzas fiscales. Este instrumento permite conocer cuál es la recaudación fiscal que se produce en cada comunidad, aunque da cifras a algo que ya se conocía. De las 15 comunidades autónomas de régimen común (se excluyen Navarra y País Vasco, que disfrutan del privilegio foral), sólo tres son aportantes netas: Madrid, Cataluña y Baleares.
La entrega a un potencial adversario de un arma que sin duda alguna utilizará en contra de quien ha realizado la concesión alcanza para entender qué tan acusada es la posición de debilidad en la que se ha situado Pedro Sánchez y de qué manera el presidente está sacrificando posiciones estratégicas para obtener efímeros triunfos tácticos. Y eso vale tanto para el Gobierno como para el Partido Socialista.
Pero esto no tan grave como las conclusiones falaces a las que se puede llegar a partir del análisis de los datos de las balanzas fiscales, porque lo que se recauda en una comunidad no obedece necesariamente a la actividad económica que allí se desarrolla, ni mucho menos es consecuencia de que en una zona de España exista mayor laboriosidad o mejor cultura empresarial que en otra.
Dejando de lado los condicionantes históricos o geográficos, sucede que este país es afortunadamente un mercado único. Que una sociedad o sus principales directivos tributen en una comunidad no quiere decir que esa empresa limite su actividad a un solo territorio. Ni la industria petroquímica de Huelva, ni el puerto de Algeciras, ni las grandes superficies que obtienen márgenes pagando precios obscenos por los productos del campo andaluz, ni las principales cadenas hoteleras que consiguen beneficios gracias al esfuerzo de los trabajadores de la Costa del Sol y de los servicios públicos que prestan los municipios turísticos andaluces tributan en Málaga, en Granada, en Huelva o en Cádiz. Lo hacen en Madrid, en Barcelona y en Baleares, igual que sus directivos.
Por eso tenía razón la entonces consejera de Hacienda de la Junta, María Jesús Montero, cuando en 2014 decía que «las balanzas fiscales a la carta parecen pensadas para provocar agravios entre comunidades». Y también cuando en 2022, ya como ministra, aseguraba: «No podemos impulsar instrumentos que lo que hagan sea generar reproches por la solidaridad entre comunidades o establecer limitaciones, como si hubiera unas comunidades que contribuyen y otras que son subsidiadas». Se supone que la publicación de las balanzas fiscales obedece por lo tanto a un radical cambio de opinión que haría bien en explicar.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.