El PP presenta otro plan para reordenar los regadíos del entorno Doñana que rebaja la propuesta anterior

En la anterior legislatura, el PP, Ciudadanos y Vox ya presentaron una propuesta de ley que implicaba la regularización de las tierras de cultivo que habían quedado excluidas del anterior plan de ordenación de la corona norte de Doñana, aprobado en 2014. Se trata de unas 1.600 hectáreas que afectan a unas 650 explotaciones donde se cultivan principalmente frutos rojos, uno de los sectores económicos más potentes de la provincia de Huelva. Según el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, hay 10.000 puestos de trabajo en juego.

Aquella propuesta, muy contestada por colectivos defensores del Medio Ambiente y por el propio Gobierno central –aunque el PSOE, con mayoría de alcaldes en la zona, se abstuvo en la votación por la que se aprobó inicialmente el proyecto- decayó al concluir precipitadamente la legislatura y ahora el PP la rescata con cambios sustanciales.

El Partido Popular aspiraba a conseguir un texto que convenciera al mismo tiempo a regantes y ecologistas y despejara además cualquier duda que sobre el compromiso medioambiental del Gobierno andaluz pudiera surgir en Bruselas. El hecho de que la propuesta haya surgido del grupo parlamentario y no de la propia Junta, una cuestión que el PSOE ha criticado con dureza, explica la complejidad del problema y hasta qué punto el Gobierno andaluz quiere abordarlo con cautela.

Sin embargo, la nueva propuesta ya se ha encontrado con el rechazo frontal del Gobierno, que considera un atropello la propuesta y amenaza con ir al Constitucional si se pone en peligro la supervivencia de Doñana.

El nuevo proyecto de ley, que ha surgido después de meses de contactos entre el Grupo Popular y otras formaciones políticas y los colectivos afectados, y de la Junta de Andalucía con autoridades europeas y con el Gobierno central -hubo dos reuniones entre representantes de la Consejería de Medio Ambiente y la secretaría de Estado homónima, una el 28 de diciembre y la otra, el 27 de febrero- presenta algunas diferencias sustanciales con la propuesta anterior que los populares consideran mejoras..

Aún así, ni el PP ni la Junta han conseguido convencer al Gobierno, que en la última reunión mostró su disconformidad, ni al PSOE, que se ha desmarcado de la propuesta. En concreto, en la segunda de las reuniones celebradas, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, pidió al consejero, Ramón Fernández-Pacheco, que no se registrara la propuesta de ley y se abriera un proceso de diálogo y no tomar ninguna decisión que vaya en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que «obliga a tomar medidas para proteger el humedal».

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Toni Martín, pidió a los socialistas tras presentan la proposición «que no tengan miedo al consenso y al acuerdo» y mostró su confianza en que se produzcan acercamientos durante el trámite parlamentario, que aunque será por el trámite de urgencia dará lugar a aportaciones de los grupos políticos y los agentes sociales. El grupo parlamentario de Vox, a cuyo diputado onubense Rafael Segovia el PP ha agradecido su participación, sí avala el texto.

La principal diferencia con el texto presentado en la pasada legislatura es que ahora se habla de suelos agrícolas regables con aguas superficiales (SARAS) y no de suelos agrícolas regables (SAR), como se hacía en la propuesta anterior. «Hemos aprendido de nuestros errores», dijo González

Asimismo, se crea una oficina técnica para evaluar caso por caso las regularizaciones de parcelas de regadíos. Esta propuesta fue recogida de una de las alegaciones presentadas por el PSOE a la anterior proposición de ley y se reconocen como de interés autonómico obras forestales que debe ejecutar la Junta.

En el texto se insiste en que se trata de una norma de ordenación del territorio y que corresponde a las administraciones con competencias, en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, decidir sobre los derechos de agua a las explotaciones. La propuesta menciona de manera expresa a la sentencia dictada en junio de 2021 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se exhortó a España a poner en marcha el máximo de medidas para preservar el estado del acuífero que abastece a Doñana y los humedales, por lo que considera que es esencial avanzar en las obras que el Estado debe ejecutar para la llegada de agua superficial a la zona en la demarcación del Tinto, Odiel y Piedras. Para que esta ley, en caso de aprobarse, tenga efectos prácticos, serán necesario que esas obras estén ejecutadas o que se aumente la provisión mediante desaladoras, ya que no se permitiría la afección a los acuíferos subterráneos.

Asimismo, pese a la falta de acuerdo con el Gobierno, el nuevo texto recoge literalmente la afección a los terrenos forestales propuesta durante la anterior tramitación por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

Según Manuel Andrés González, la propuesta cuenta con el aval no solamente de los regantes, sino también de las organizaciones agrarias y sindicales y del tejido social y económico de Huelva.