El Gobierno considera un atropello la propuesta sobre Doñana y amenaza a la Junta con ir al Constitucional

Morán aseguró que en una reunión celebrada el pasado lunes 27 de febrero con el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, el Gobierno propuso que no se registrase la proposición de ley, ya que en su opinión supone repetir una política fallida que provocó la reactivación, por parte de la Comisión Europea, del expediente por incumplir la sentencia del TJUE que obliga a tomar medidas para proteger el humedal.

Para Morán, la propuesta presentada por el PP desprecia el papel del Consejo de Participación de Doñana y debería ser tramitada por la Junta de Andalucía como proyecto de ley para que las administraciones y órganos competentes puedan entregar informes. En su opinión, aumentar el regadío en estas zonas, cercanas al Parque Nacional de Doñana, dañaría más una zona ya gravemente afectada por la sequía.

Explicó que en el encuentro del pasado martes trasladó personalmente al consejero que lo procedente en este caso era no registrar esa proposición de ley, abrir un proceso de diálogo, sentarse en el ámbito del Consejo de Participación de Doñana, y no tomar ninguna decisión que vaya justo en la dirección contraria de lo que establece la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que «obliga a tomar medidas para proteger el humedal».

Morán aseguró que la propuesta registrada en el Parlamento pretende ampliar la superficie de hectáreas regables reconocida en el entorno de Doñana, y ha añadido que en el Ministerio se han sorprendido por la presentación de esta iniciativa, «porque hasta ahora habíamos entendido que, por parte del Gobierno andaluz» del PP-A, no se iba a tomar ninguna iniciativa en ese sentido que previamente no hubiera sido acordada en el seno del diálogo entre administraciones.

Hugo Morán subrayó que esta proposición de ley «va justo en dirección contraria de lo que el TJUE exige», y defendió que «cualquier actuación de revisión de la planificación actual de protección del Parque Nacional de Doñana y su entorno tiene que pasar por sus órganos de participación, como lo ha hecho hasta ahora».

«No se puede saltar la capacidad que el Consejo de Participación de Doñana tiene en este proceso de toma de decisiones compartidas, ni obviar las competencias que tiene la Administración General del Estado, en este caso» a través de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, «en un procedimiento que debería ser un proyecto de ley que requiera de los informes técnicos y jurídicos previos, y hacerlo utilizando el atajo de una proposición de ley para eludir toda esta tramitación», ha añadido el secretario de Estado de Medio Ambiente.

El secretario de Estado señaló que espera «que impere la cordura», y confía «en que esta decisión no se convierta en una ocasión más de demostrar que la política medioambiental, en el caso del Gobierno de Andalucía, no forma parte de su agenda, y lo único que nos encontramos por delante es una acción de hechos consumados».