Moreno recurre al aliciente fiscal para invitar a los empresarios catalanes a instalarse en Andalucía

Moreno inscribió la supresión de ese impuesto en la nueva fase de su reforma fiscal, que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó en su sesión de ayer, e invitó a los empresarios «a que vengan a residir con nosotros». Lo hizo tras recordar que cuando se implantó ese tributo en Andalucía «se pudo cobrar un solo año», ya que en el ejercicio siguiente una gran parte de los contribuyentes ya habían cambiado su lugar de residencia.

Recordó que ahora, por el contrario, con la puesta en marcha de la nueva reforma, que se entrará en vigor esta misma semana tras la publicación del decreto en el BOJA, Andalucía se convierte en la segunda comunidad autónoma de España con menor presión fiscal, sólo por detrás de Madrid. «En tres años y ocho meses hemos pasado de estar en la cola a ser la segunda comunidad autónoma con menos presión fiscal». No obstante, puso de relieve que no sólo compite fiscalmente con el resto de las comunidades españolas, sino también con los vecinos Portugal y Marruecos, que han puesto en marcha agresivas políticas tributarias para atraer inversiones.

Aunque seducir a los grandes capitales a optar por Andalucía es uno de los objetivos centrales del nuevo paquete fiscal, el argumento principal es reducir el impacto de la inflación sobre las economías familiares. De hecho, el decreto ataca en tres direcciones -la suspensión a partir del año que viene del canon del agua, la deflactación del tramo autonómico del IRPF y la supresión del Impuesto de Patrimonio- y el de menor repercusión en las cuentas públicas va a ser este último. La suspensión del canon del agua tendrá un impacto de 140 millones, la deflactación del IRPF, de 124 millones (90 millones correspondientes a las rentas más bajas) y la eliminación del Impuesto de Patrimonio, 95 millones. Si se suman estas medidas a las aprobadas en la anterior legislatura pero que entrarán en vigor en el presente ejercicio, la reducción de la presión fiscal en Andalucía alcanzará una cifra global de 900 millones de euros. Así lo explicó la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

La relacionada con el canon del agua es la única medida que no entrará en vigor de inmediato, ya que se comenzará a aplicar en 2023. No va a afectar a la ejecución de las infraestructuras hidráulicas en marcha y que incluso se podrán licitar nuevas actuaciones gracias al remanente de recaudación de 551 millones generado durante las legislaturas anteriores a la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta de Andalucía. En esos años, explicó España, no se invirtieron las cantidades recaudadas por este concepto, ya que se recaudaron más de 700 millones y sólo se ejecutaron en torno a 150 millones..

Las medidas fiscales que afectarán a un mayor número de contribuyentes, especialmente a los de rentas más bajas, serán las relativas al IRPF, que incluyen la deflactación de los primeros tramos de la tarifa autonómica y el aumento de los mínimos personales y familiares exentos de tributación. El 82% de los contribuyentes andaluces tributa dentro de los tres primeros tramos del IRPF, que son los que se van a deflactar. La medida se aplicará a partir de este ejercicio, con lo que se aplicará en la declaración de la renta que se hace en 2023.

La deflactación supone una modificación de los tramos de tributación. Esto supone, explica la Junta, un incremento salarial, que en ningún caso podrá compensar la fuerte subida de la inflación, implique una mayor tributación para el contribuyente. La medida permite también mantener fuera de la tributación la parte de la renta destinada a cubrir las necesidades básicas que, también por la inflación, es mayor de lo que ha sido en años anteriores.

Los últimos datos que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado sobre variación salarial pactada en los convenios colectivos sitúa en el mes de agosto la subida interanual en el 2,6%. El Gobierno andaluz, teniendo en cuenta que la espiral inflacionaria se mantendrá, ha elevado esa cifra hasta el 4,3%, porcentaje que coincide con el incremento interanual de los costes salariales, según la encuesta trimestral del INE.

De esta forma, la medida consiste en aumentar los primeros tramos de tributación del IRPF en un 4,3% . Ello evita que el contribuyente se vea obligado a tributar en un tramo superior por un incremento salarial motivado por la inflación, pero que no supone un aumento real de la capacidad adquisitiva.

En este sentido, la deflactación de los primeros tramos del IRPF tendrá dos consecuencias directas. La primera, que los contribuyentes con rentas más bajas van a seguir tributando dentro del mismo tramo, aunque su salario aumente; y la segunda, que todos aquellos contribuyentes que no vean incrementado su salario, con independencia de su nivel de ingresos, tributen según un tipo medio efectivo más bajo que hasta ahora.

Asimismo, se amplían en la misma proporción (4,3%) los mínimos personales y familiares por los que no se tributa en el IRPF, ya que esa parte de la renta, destinada a atender las necesidades básicas de los contribuyentes y sus familias, está aumentando a consecuencia de la inflación. El Gobierno andaluz considera necesario aumentar estos mínimos exentos de tributación, para no contribuir al empobrecimiento de la población.