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En 2018 Andalucía contaba con 18.380 contribuyentes que pagaban el Impuesto al Patrimonio, un tributo al que sólo están obligados quienes cuentan con activos por más de 700.000 euros. Dos años después, una vez que ya había entrado en vigor la bonificación del ... Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el número de contribuyentes por Patrimonio había crecido en unas 600 personas. En ese mismo periodo, la cantidad de personas que pagan el IRPF en Andalucía había crecido en 280.000 contribuyentes. La Junta atribuye gran parte de ese incremento, especialmente en los rangos más altos de renta, a su reforme fiscal.
En concreto, según sus datos, los contribuyentes con rentas superiores a los 60.000 euros aumentaron en un 14 por ciento hasta rozar la cifra de 14.000, mientras que los de más de 120.000 euro lo hicieron en un 13,7 por ciento, con un total de 1.117. En Andalucía, un 80 por ciento de los contribuyentes declara hasta 25.000 euros de ingresos brutos. Para aumentar la recaudación, y también para impulsar la economía, el Gobierno andaluz considera esencial atraer a la comunidad a contribuyentes de rentas altas.
Esta lógica, que podría sintetizarse en 'cobrar menos para recaudar más', es en la que ahora se cimenta la eliminación del Impuesto al Patrimonio.
Según explican los cargos de la Consejería de Hacienda, Economía y Fondos Europeos, con la puesta en marcha de ese tributo, que ahora se elimina, el proceso fue exactamente el contrario. De los 20 mayores contribuyentes por Patrimonio, diez han fijado su residencia fiscal fuera de Andalucía. Esta fuga no sólo supuso dejar de ingresar 3,8 millones de euros por ese tributo, sino también los 14,5 millones que la comunidad ingresaba de esos mismos contribuyentes en concepto de IRPF.
Según los cálculos de la Junta, para compensar los 95 millones de euros que se dejarán de recaudar por el Impuesto de Patrimonio, sería necesario incrementar en unos 7.200 el número de nuevos residentes fiscales en Andalucía, objetivo que es más que posible alcanzar.
Para la supresión en la práctica del Impuesto sobre el Patrimonio, la Junta ha utilizado a figura de la bonificación del 100% de la cuota, ya que al tratarse de un impuesto cedido, sólo el Gobierno central tiene la competencia de eliminarlo.
Carolina España aseguró se trata de un impuesto que frena la economía y ahuyenta a los contribuyentes, por lo que su supresión hará de Andalucía una tierra más competitiva. Señaló en ese sentido que el objetivo es atraer a nuevos contribuyentes y que esta comunidad autónoma se convierta en la residencia fiscal de más ciudadanos de alto poder adquisitivo. El Gobierno andaluz fundamenta su decisión en que muchos de estos potenciales contribuyentes ya viven en Andalucía, pero no tienen aquí su residencia fiscal aquí. Si la tuvieran, estarían obligados a tributar por el conjunto de sus bienes en todo el mundo, lo que ya no sucederá a partir de la entrada en vigor de las nuevas medidas
La Junta estima que el Impuesto sobre el Patrimonio representa apenas un 0,6% de los ingresos tributarios de la comunidad, en torno a 95 millones de euros. La bajada recaudatoria por la supresión del Impuesto de Patrimonio se puede paliar, según sus cálculos, con el incremento de contribuyentes previstos en IRPF, como ya ocurrió cuando se bonificó el 100% de la cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los parientes de los grupos I y II. En aquella ocasión Andalucía multiplicó por cuatro en el IRPF la cantidad que se dejó de recaudar por la supresión de este impuesto.
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