La nueva ley de Infancia de Andalucía agiliza la acogida por familias y amplía a los 25 años la protección en pisos tutelados

Los centros tutelados en Andalucía albergan a 3.500 niños y niñas, «una cifra terrible», según la consejera. Se trata en algunos casos de menores a cuyos padres se les retira la custodia de forma temporal o prolongada por problemas de droga, cárcel y violencia o por abandono en situaciones de familias desestructuradas o simplemente pobres. La Junta también tutela a menores inmigrantes no acompañados, aunque estos suelen ubicarse en residencias específicas. La norma limita la edad para el ingreso en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta, para lo que se establece la edad mínima de 13 años,

El objetivo de la tutela es la protección del menor de situaciones adversas, pero su estancia prolongada en las instituciones pueden acarrearles otros problemas afectivos que empeorarán sus vidas. «El daño que se hace al menor con este tiempo que transcurre sin darle una estabilidad, en su familia u otra de acogida, es muy difícil de recuperar», afirma la consejera de Igualdad.

En la norma de 141 artículos, el título dedicado a la protección del menor recoge la declaración de la situación de riesgo de acuerdo con la ley estatal de 2015 y que supera la ley andaluza de 1998. En comparación a esta, la nueva norma introduce la figura de la guarda provisional, que ejercerá la Junta de Andalucía en casos de desamparo y que mediante un procedimiento reglado establece plazos concretos y muy delimitados, menores incluso que la ley estatal. El objetivo, explica la consejera, es que este órgano colegiado acuda a un menor cuanto antes cuando está en situación de riesgo o desamparo; busque una solución dentro de su propia familia y si ello es imposible, halle una familia de acogida o una de adopción. Para ello, la norma también prevé reforzar las prestaciones a las familias acogedoras, como ayuda terapéutica, para fomentar su incremento. «Hay familias que atienden a niños con discapacidad, o a varios hermanos, y no se les estaban dando los apoyos que necesitaban, pues por eso había menos familias acogedoras», apunta Rocío Ruiz. Con la norma habrá otra figura de familia acogedora, la colaboradora, que solo se llevaría a los niños los fines de semana.

La ley también introduce novedades en la atención a extutelados. Cuando los chicos y chicas cumplen los 18 años «no los podemos dejar sin atención», señala Rocío Ruiz, quien lamenta que el ingreso mínimo vital «deja fuera» a estos chicos. Para «darles tiempo a resolver su vida» y no dejarles en la calle al cumplir los 18 años, la Junta va a incrementar la mayoría de edad de protección hasta los 25 años, si ellos quieren, y a fomentar las plazas de pisos tutelados. Desde 2018 la Junta ha pasado de poner a disposición de estos chicos 215 plazas a 700 en Andalucía y prepara sacar a concurso otras 300.

La ley, que parte de un borrador de la etapa socialista sin desarrollar del todo, nace con la vocación de dar voz a los niños, niñas y adolescentes para fomentar su participación en la sociedad. Para ello se crea el Consejo Andaluz de Niños y Niñas y Adolescencia, que tendrá sus delegaciones en las provincias. Además, la ley establece que «los niños y niñas tienen que ser escuchados para decisiones que les incumben», apunta la consejera.

La norma tiene la misión de integrar todas las políticas sobre menores de las diferentes consejerías, como la de Educación. Su memoria económica incluye la partida de 2.500 millones de euro s que los programas de todas las consejerías suman en el Presupuesto de 2021, de los que 483 los aporta la Consejería de Igualdad.