La Junta activa un cambio legal para evitar el aval de los tribunales a las restricciones

La iniciativa, que pretende dotar a la Junta de un instrumento jurídico que impida que se reproduzcan situaciones como la del pasado martes, supondrá, de salir adelante, una modificación del artículo 78 de la Ley de Salud Pública de Andalucía, aprobada en 2011. Con este cambio, previsto para los casos en los que la tasa de incidencia acumulada en 14 días superare los mil casos por cada 100.000 habitantes, la Administración andaluza podría adoptar medidas para «controlar o limitar las entradas y salidas de personas de la zona afectada o amenazada y controlar o limitar el movimiento de personas dentro de dicha zona», según la propuesta remitida a los grupos.

Esta capacidad afectaría a los derechos de libre circulación y de reunión y las autoridades sólo podrían recurrir al mismo en situaciones de epidemia o pandemia declarada y si la valoración del riesgo sanitario derivado de los indicadores o criterios sanitarios, de salud pública o epidemiológicos así lo justificaran.

El cambio propuesto incluye los motivos que justificarían las excepciones a estas restricciones a la movilidad, como el cumplimiento de las obligaciones laborales, la asistencia a centros de estudio o el retorno al lugar de residencia, entre otros. La modificación normativa concederia a la Junta la capacidad para dictar medidas como las puestas en marcha hasta ahora, pero sin la necesidad de contar con el paraguas jurídico del estado de alarma.

El portavoz parlamentario del Grupo Popular, José Antonio Nieto, recordó que la actual ley autonómica, que se ampara en una ley orgánica de ámbito estatal aprobada en 1986, no contempla la hipótesis de una pandemia, y por lo que la Junta carece de instrumentos para hacer frente a la misma. Además, indicó que la actual pandemia no será la única que haya que afrontar en el futuro, por lo que es necesario adaptar la legislación.

Nieto señaló que hace un año que el Gobierno debería haber planteado una alternativa al decaimiento del estado de alarma y que al no haberlo hecho, ahora son las comunidades autónomas las que se ven obligadas a buscar alternativas dentro del marco de sus competencias. «Esto no es culpa de los jueces ni de las comunidades, sino del Gobierno», subrayó. Por ese motivo, resaltó la necesidad de que se estudien reformas legales en el ámbito autonómico para resolver esa situación y evitar trasladar la responsabilidad a los órganos judiciales.

Las negociaciones ya se han iniciado con los cinco grupos parlamentarios y el objetivo es que la reforma a la ley puede tramitarse por lectura única -es decir, con unanimidad- y que se apruebe en el próximo pleno, que tendrá lugar en dos semanas.

Por ese motivo, indicó que independientemente de las propuestas que ha hecho el consejero de Salud, los grupos parlamentarios deben sentirse libres para formular las suyas. «Tenemos mucho campo para pelearnos pero en esto debemos ponernos de acuerdo», afirmó.

Según el portavoz popular, con esta modificación de la ley andaluza se podría contar con herramientas jurídicas que permitan tomar decisiones en casos límite, «sin tener que recurrir a ninguna otra norma desfasada que no contemplaba situaciones como la pandemia». Así, Nieto señaló que, por ejemplo en el artículo 78 de la ley andaluza, que establece las medidas a adoptar por la comunidad en caso de emergencia, no está prevista una situación de pandemia, por lo que cree que debería incluirse.

Nieto explicó que la reforma deberá establecer qué instrumento utilizar y durante cuanto tiempo, aunque adelantó que los periodos de aplicación deberán ser cortos.

El Grupo Socialista ha adelantado que no se opondrá a la vía de urgencia, aunque su portavoz, José Fiscal, se ha mostrado crítico con lo que considera una improvisación por parte del Partido Popular.

«Se dice que cuando haya más de mil casos, pero no especifica para qué enfermedad», resaltó. Llamó la atención sobre que la reforma de una ley que tiene vocación de perdurar debe contemplar otras hipótesis. «¿Qué pasa si fuese una epidemia de ébola? ¿Habría que esperar a los mil casos?», se preguntó

Además, criticó que el Gobierno andaluz haya comprendido tarde que contaba con herramientas legales para combatir la pandemia. «No entendemos si ha sido torpeza, un descuido o afán de cofrontar con el Gobierno central», afirmó.