Las medidas de la Junta contra el Covid tras caer el estado de alarma sufren su primer traspié judicial

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 12 de mayo 2021, 00:38 | Actualizado 07:32h.

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Ha sucedido lo que el Gobierno andaluz temía tras el final del estado de alarma. Una sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (TSJA) ha tumbado el confinamiento del municipio granadino de Montefrío, que presenta una incidencia superior a los mil casos por cada 100.000 habitantes. Con la no ratificación judicial de la orden de confinamiento emitida por la Consejería de Salud y Familias se confirman los temores ya expresados por el Gobierno andaluz, que había advertido de que con el decaimiento del estado de alarma las comunidades autónomas se quedaban sin instrumentos legales para combatir la pandemia y a merced del criterio de los tribunales.

Este criterio, además, no es uniforme, lo que incrementa la incertidumbre y obliga a la Administración autonómica a tomar decisiones a ciegas. Este mismo martes, la sala de lo contencioso del TSJA con sede en Sevilla sí ha avalado una decisión análoga adoptada por la Junta en relación a otros tres municipios andaluces en una situación similar a la de Montefrío: Castro del Río (Córdoba), Bornos y Villamartín (Cádiz).

Se trata, según el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, de una situación que no se puede explicar y que es consecuencia de lo que considera dejación de funciones del Gobierno central. «Esto pasa por subcontratar la gestión de la pandemia», aseguró.

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En el caso de la localidad granadina, el alto tribunal ha considerado que la Junta «no ha aportado una motivación suficiente» que justifique que se restrinja la movilidad de los vecinos de un municipio entero, ya que se trata de un derecho fundamental que no se puede coartar «de forma indiscriminada y masiva». Según esta Sala, la norma en la que la Junta amparó la medida, La Ley de Medidas Especiales en materia de Salud Pública, «alude a personas concretas y determinadas» y no a una generalidad de vecinos de un municipio independientemente de la concreta situación sanitaria de cada uno.

En concreto, se refiere a los vecinos ya vacunados. Los magistrados señalan en ese sentido que entre las excepciones que recoge la Junta para permitir la movilidad no se ha tenido en cuenta el proceso de vacunación, pues si se estima que, en términos generales, en torno a un 12 por ciento de la población ya está vacunada «esta falta de precisión normativa supondría la afectación del citado derecho fundamental a más de un 10% de la población de la localidad sin que se aprecie una sólida justificación sanitaria para ello».

Bendodo anunció que la Junta recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo. La alcaldesa deMontefrío, la socialista Remedios Gámez, había pedido a la Delegación de la Junta en Granada que la presentación de ese recurso y también solicitó a sus vecinos que se autoconfinen y limiten al máximo posible sus contactos sociales. Para Gámez, la negativa del TSJA a avalar la decisión de la Junta es un sinsentido judicial que el Ayuntamiento considera incomprensible.

El Gobierno andaluz ya venía advirtiendo desde que Pedro Sánchez anunció con más de un mes de antelación que no volvería a pedir apoyo parlamentario para renovar el estado de alarma que una situación como ésta podía producirse. Por eso Bendodo acusó al presidente del Gobierno de no asumir su responsabilidad en el combate contra la crisis sanitaria, al delegar la toma de decisiones primero en las comunidades autónomas y en las autoridades judiciales después.

El portavoz se refirió también a la situación vivida el pasado fin de semana en varias ciudades españolas, incluidas algunas andaluzas, y consideró irresponsable que un buen número de personas hayan comenzado a comportarse como si la pandemia ya se hubiese superado. «Lo que se ha terminado es el estado de alarma -dijo-, no la pandemia». Advirtió en ese sentido que en el caso de que la mejora en la crisis sanitaria sufra una involución la Junta se verá obligada a retroceder y volver a dictar restricciones.