La Junta espera llegar a un acuerdo el lunes en el Consejo Andaluz del Taxi

En una entrevista con la Cadena Ser Andalucía, recogida por Europa Press, ha aludido a esa convocatoria de un órgano como el Consejo Andaluz del Taxi para remarcar que «se suele convocar para asuntos como éste», para expresar la disposición de la Consejería a incorporar «medidas jurídicamente seguras para mejorar el texto», convencida de que prosperará la intención del Gobierno andaluz de «conseguir un servicio mejor» y la convivencia entre VTC y taxi, antes de poner de manifiesto que «ha sido un objetivo esencial» propiciar esa coexistencia «en una Comunidad como la nuestra con un enorme arraigo» del taxi, además de que «valoramos el servicio que presta».

Carazo ha recordado que la normativa reguladora de los VTC es una exigencia de la Unión Europea desde 2019 y que «desde entonces estamos trabajando este texto», con el paréntesis que impuso la pandemia de coronavirus, mientras que ha apelado a que «ordenar esa convivencia en los ámbitos urbanos se hace pensando en el usuario, en el consumidor, que es la piedra angular de la regulación, que tiene que tener el mejor servicio de taxi y también de VTC, convivir ambos servicios».

La consejera de Fomento ha sostenido que «no se trata de llenar nuestras ciudades de VTC» a partir de la norma reguladora y ha esgrimido que «mantenemos la medida de 1:30 que ha marcado el Estado para las nuevas licencias», en referencia a la proporción de VTC y taxis, a lo que ha sumado medidas como «zonas de protección de 150 a 300 metros en sitios de alta incidencia como aeropuertos, hoteles grandes» al tiempo que ha señalado que «es una medida para ordenar, es una medida que los VTC entienden que es necesario y que el taxi lo ve con buenos ojos».

Tras aludir a «la prohibición de la geolocalización previa a la conratación, que es una reclamación del taxi desde hace mucho tiempo», Carazo ha planteado que «vamos a remitir al desarrollo reglamentario los precios abusivos porque nos preocupan los usuarios», a la que ha sumado «solicitar requisitos de capacitación a los conductores de VTC» y que «reforzamos los mecanismos de comunicación al registro de las licencias activas en las ciudades».

«A partir de este momento va a garantizar convivencia tranquila, ordenada», ha señalado sobre la contribución de la normativa autonómica, mientras que ha defendido que «el Gobierno escucha, tiene teléfono abierto», antes de insistir en que «espero de aquí al lunes favorecer el mayor acuerdo».

«Esta realidad existe, a partir del 1 de octubre los VTC van a operar en nuestras ciudades», ha planteado la consejera, quien ha remarcado, ante algunos episodios de violencia vividos como el apedreamiento de algún conductor de VTC denunciado por éstos, que «las actuaciones violentas no deben producirse».

A partir de su entrada en vigor, Carazo ha apuntado a «velar por su aplicación con la Inspección de Transporte» autonómica, de la que ha subrayado que «ha multiplicado su actividad, sus denuncias, en un 200%», mientras que se ha propuesto «contar con los ayuntamientos, que son esenciales, hemos hablado con la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias), que tiene que velar con su Policía Local para que la norma se aplique».