La Junta afronta la crisis de la vivienda con un proyecto de ley que aspira a incrementar la oferta

La Junta de Andalucía dará respuesta a la crisis de acceso a la vivienda con el proyecto de una nueva ley cuyo principal objetivo es aumentar la oferta disponible. El Consejo de Gobierno celebrado este martes, el penúltimo del actual curso político, ha aprobado iniciar la tramitación de esta norma legal que se fija como meta impulsar y favorecer el derecho a la vivienda mediante un incremento sustancial del número de unidades en los mercados de compra y alquiler. Para ello, la nueva norma incluirá parámetros más flexibles que los actuales y permitirá destinar a vivienda suelo actualmente reservado para otros usos.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, aseguró tras la celebración del Consejo que la futura ley establecerá «las condiciones para garantizar el acceso a la vivienda, la emancipación de los jóvenes, la habitabilidad de las viviendas y la protección a las personas con más dificultades». El anteproyecto de la ley, que si se cumplen los plazos previstos será aprobado por el Gobierno andaluz en marzo del año próximo para completar toda su tramitación parlamentaria un año después, incorporará un plan de choque para poner a disposición suelos y nuevas viviendas de manera inmediata.

Díaz subrayó en su intervención el contraste entre este anteproyecto, con la Ley Estatal de Vivienda, que tras un año de vigencia, afirmó, no ha resuelto sino agravado la situación e incluso ha invadido competencias en la materia que eran exclusivas de las comunidades autónomas. «La respuesta a la ley estatal es este anteproyecto que hoy presentamos, que es una norma más práctica, que no contrae el mercado, sino que lo expande y que está hecha de cara a la ciudadanía, escuchando al sector», destacó.

La consejera destacó que Andalucía es la primera comunidad que impulsa una ley propia tras la norma estatal. Aseguró que cuando esté en vigor dará solución a la dispersión normativa existente -ya que derogará cuatro leyes-, y también al encarecimiento del precio para la venta y para el alquiler, la falta de oferta de vivienda en alquiler, las dificultades de los jóvenes y otros colectivos para su emancipación, el envejecimiento del parque residencial o las carencias de espacios públicos y zonas verdes. «Ningún proyecto de vida puede arrancar sin una vivienda donde desarrollarlo», enfatizó la consejera, que apuntó que la prioridad del Gobierno andaluz es fijar las condiciones necesarias para ello.

La titular de Fomento destacó especialmente que el texto que ahora iniciará su tramitación en el Gobierno andaluz surge del diálogo y el consenso a diferencia de la ley estatal y que las aportaciones recibidas en la Consejería durante las consultas públicas por parte de todos los agentes del sector se han visto reflejado en el anteproyecto. «La vivienda es un tema tan acuciante y elemental en el desarrollo de los municipios que no se puede abordar desde la ideología», advirtió Rocío Díaz, que señaló como una de las principales virtudes del texto que busca un equilibrio entre propietarios, compradores, arrendadores, constructores y familias. Aún así, insistió en que todavía se trata de un borrador sobre el que se seguirá trabajando y recabando aportaciones.

Con la ley, se pretende dar solución a una situación que está en la base de la crisis de vivienda que se atraviesa actualmente. Se estima que en la primera década de este siglo, hasta que sobrevino la crisis financiera, se construían en Andalucía unas 100.000 viviendas anuales. A partir de la década siguiente la producción cayó a un 10 por ciento, es decir a unas 10.000 unidades.

En Andalucía, el parque total de viviendas es de 4,6 millones y cada año se forman unos 25.000 hogares. El Banco de España estima que actualmente la demanda de viviendas en Andalucía es de 90.000 unidades.

Según los datos de la Junta, entre 2014 y 2018, últimos cuatro años de gobiernos socialistas, se inició la construcción de 3.216 VPO, cantidad que se disparó a 10.258 en los cuatro años siguientes.

El anteproyecto de la Ley de Vivienda en Andalucía se sustenta en varios ejes. El primero se centra en la producción de suelo para viviendas a precio asequible, mediante medidas como la creación de una bolsa de suelo disponible que podrá consultar el sector a través de un portal informático; o la incorporación inmediata de los suelos urbanos dotaciones al uso residencial para configurar una infraestructura de equipamiento en alquiler.

El segundo es el incremento de la oferta de vivienda dando continuidad a la línea ya impulsada por la Junta mediante subvenciones a promotores públicos y privados. El anteproyecto de ley crea la figura de las áreas prioritarias, en las que existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación. Además, se simplificará la construcción de vivienda protegida, asimilando a la libre, así como la gestión de los demandantes de vivienda. También se impulsará la colaboración público-privada, para garantizar una oferta de adecuada.

El tercer eje será procurar el equilibrio de la oferta de vivienda en venta y alquiler y de los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial habitual y permanente. En ese sentido, la consejera ha informado de la incorporación de nuevas formas de residencia como son los alojamientos temporales, para personas que por motivos diversos se desplazan no de manera definitiva.

Asimismo, el anteproyecto apunta a la mejora y optimización del parque residencial mediante un inventario único de viviendas públicas ya sean de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos, o de los promotores privados. También se apuesta por la mejora de la calidad y de la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles y por potenciar el uso de terrazas y espacios libres, además de constituir una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía.

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