El Gobierno invierte 356 millones en revitalizar Doñana para poner freno a sus graves amenazas

El Gobierno de España invertirá 356,6 millones en Doñana con el objetivo de promover su revitalización ecológica frente a las múltiples amenazas que acechan a este espacio natural, como la grave sequía que está mermando sus recursos hídricos. Esta inversión fue anunciada ayer por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que visitó la localidad onubense de Almonte para presentar a los representantes locales las actuaciones que se van a emprender para mitigar los efectos que sufre este espacio que, a su juicio, «es uno de los humedales más emblemáticos, queridos y espectaculares de Europa y esto nos obliga a ser particularmente cuidadosos con este espacio, conocerlo bien y cuidarlo y seguir invirtiendo en su calidad, en su buen estado y mantenimiento».

La ministra indicó que de la inversión total ya están en ejecución 118 millones, el 33%, y prevé el desarrollo de un paquete de medidas a corto y medio plazo en áreas esenciales como la gestión de los recursos hídricos, la conservación y restauración de la biodiversidad en el entorno, la gestión costera del dominio público marítimo-terrestre, la recuperación socioambiental del territorio y la mejora del conocimiento.

El deterioro que sufren amplias zonas de Doñana ha sido provocado por la intensificación de la acción humana y sus efectos se han visto agravados por el cambio climático en las últimas décadas. La ministra censuró el crecimiento de la agricultura intensiva en la periferia de Doñana, basada en las extracciones del acuífero, lo que ha provocado «un grave impacto en las aguas subterráneas» del parque, de forma que tres de las cinco masas de agua que forman este acuífero, como son Rocinas, Almonte y Marismas, han sido catalogadas «en mal estado».

Por ello, consideró una «barbaridad» que se haya vuelto a presentar la proposición no de ley sobre la ordenación de las zonas de regadío de la corona forestal de Doñana, porque «va en contra de todo el proceso complicado ante las instituciones europeas y no tiene sentido beberse el agua hoy pensando que con eso, haciendo populismo, se resuelve el problema».

Teresa Ribera sostuvo que «cada vez son más graves los problemas relacionados con la calidad del agua, provocados principalmente por una insuficiente depuración» de los núcleos urbanos cercanos y por la presencia de nutrientes en los cauces que llegan a la marisma derivados de la agricultura intensiva. Además, subrayó que un paquete de medidas destacadas va dirigido a asegurar una «buena gestión» del dominio público hidráulico mediante la vigilancia constante, la eliminación de riegos ilegales y el seguimiento de los consumos legales. En esta materia, se dedicarán 7,8 millones de euros a reforzar el cierre de pozos ilegales que se sumará a los 210 ya cerrado, además de reforzar el control del consumo en las concesiones y el seguimiento de cultivos en regadío mediante imágenes de satélite y la guardería fluvial.

Para mejorar la gestión del acuífero se elaborarán planes de actuación específicos para cada una de las masas de agua subterránea declaradas en riesgo. Además, se destinan 156,2 millones de a otras iniciativas orientadas a disminuir las extracciones de dichas aguas.

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